Los altos cargos imputados por las adjudicaciones a empresas de la red Gürtel del pabellón de la Generalitat en la feria de turismo Fitur se escudaron ayer ante el juez que investiga la supuesta financiación ilegal del PPCV en "criterios de calidad". El magistrado del TSJ José Francisco Ceres, instructor del caso, comenzó ayer la fase de los interrogatorios a los imputados con la toma de declaración de Isaac Vidal -jefe del área de Mercados de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT)-, Jorge Guarro -jefe de Promoción de la AVT- y Dora Ibars -directora general de Promoción Institucional de Presidencia-. Los tres están imputados por los delitos de cohecho y prevaricación en las adjudicaciones a Orange Market.
El magistrado mantiene imputadas a 29 personas, entre ellas a seis diputados autonómicos del PP, que van a ser interrogadas en el próximo mes y medio. El juez va a tomar declaración esta mañana a Isabel Jordán, administradora de empresas de la trama Gürtel, y a Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo y condenado por cohecho impropio por aceptar dádivas de Orange Market en la causa de los trajes.
Los técnicos de Turismo imputados, como ya declararon en el juicio contra Francisco Camps y Ricardo Costa, negaron haber recibido órdenes para beneficiar a empresas de la trama Gürtel e insistieron en que las adjudicaciones se hicieron con criterios "profesionales". Manuel Barrio, abogado de Jorge Guarro, apuntó que los técnicos actuaron siempre "bajo la más estricta legalidad. Cualquier contratación siempre se hizo porque se entendía que era lo mejor para la Comunitat Valenciana. La adjudicación a Orange Market en cuestión de calidad es como comparar un Jaguar con un Seiscientos". Los imputados incidieron en que trabajaron con independencia de decisiones políticas y aseguraron al juez Ceres que las adjudicaciones pasaron "todos los filtros del departamento jurídico".
José Francisco Ceres mantiene abierta la causa por la supuesta financiación ilegal del PP, un presunto delito electoral y por la contratación irregular de Orange Market en cinco ediciones de Fitur. El magistrado trata de aclarar si determinadas empresas -Sedesa, Lubasa y Teconsa, entre otras- pagaban actos electorales del PP en la Comunitat Valenciana. Las firmas supuestamente ingresaban el dinero a Orange Market, que era la que organizaba los actos electorales del PPCV, y la empresa de Correa emitía facturas falsas por servicios inexistentes. En los interrogatorios de ayer, según las mismas fuentes, no se hizo referencia a la supuesta financiación irregular del PP puesto que los altos cargos interrogados no están relacionados con el partido.
El primer imputado que prestó declaración ayer fue Isaac Vidal, que compareció ante el juez Ceres durante cuatro horas y media. Las partes preguntaron al técnico de la Agencia Valencia de Turismo por la posibilidad de que Orange Market conociera con anterioridad los pliegos del contrato. Isaac Vidal señaló que desconocía si hubo filtraciones.
Investigación policial
El abogado Manuel Barrio explicó que los pliegos de adjudicación pasan por muchos departamentos y deberá ser la investigación policial quien determine si hubo alguna filtración interesada. Isaac Vidal abandonó el Palacio de Justicia a las 14.00 horas y se limitó a decir que estaba "tranquilísimo" y que por supuesto había respondido a todas las preguntas.
Jorge Guarro, que está imputado por su puesto en la Agencia Valenciana de Turismo y que además es uno de los cinco vicepresidentes de la Junta Central Fallera, declaró ante el juez durante tres horas y media. El abogado de Guarro aportó al magistrado Ceres documentación para acreditar que la oferta de Orange Market era que mayor calidad tenía.
Dora Ibars empezó a el interrogatorio a las 18.45 horas y terminó a las 20.30 horas. Ibars negó que se hubieran cometido irregularidades y justificó los contratos.
