El Consell de Alberto Fabra evidenció ayer que para cumplir con los objetivos de déficit marcados por el Gobierno central no existen líneas rojas. El recorte que la Generalitat tendrá que aplicar a sus cuentas en 2012 para evitar que el desfase entre ingresos y gastos sea superior al 1,5% del PIB regional será mucho más que un tijeretazo. El Consell abrió ayer la puerta a la iniciativa privada en la gestión de todos sus centros sanitarios, al tiempo que se aumentará aún más la presión fiscal mediante la subida de impuestos y de tasas. Estudiar costará más e incluso acudir a los tribunales, ya que, tal como adelantó Levante-EMV, se introduce el copago judicial con la incorporación de nuevas tasas. También, habrá un nuevo recorte a la inversión y a las subvenciones. En total, el nuevo plan de ajuste, bautizado con el nombre de Planifica GVA, pretende un ahorro de 2.260 millones ese año y se aplicará hasta el año 2014.

El plan de saneamiento se apoya en cuatro pilares: las medidas de ajuste incorporadas ya al presupuesto de 2012; el decreto de medidas urgentes del 5 de enero (básicamente recortes en personal, en sanidad y educación), la aplicación en la Comunitat Valenciana de las medidas acordadas en el ámbito estatal sobre recetas y tasas académicas; y por último, el aumento de impuestos.

Entre la catarata de medidas incorporadas al plan, sin duda, las de mayor calado son las que tienen que ver con los ingresos y, en concreto, con la Sanidad. El sistema público valenciano de salud -que arrastra un importante déficit de financiación desde que se transfirieron las competencias- sufrirá un cambio. Si se cumple la previsión del Consell a partir de enero de 2013 en la práctica la gestión de todos los centros sanitarios -incluido hospitales públicos- pasará a manos privadas. El personal estatutario -médicos y demás personal sanitario- seguirá dependiendo de la Agencia Valenciana de Salud y, según el Consell, no perderá ninguno de sus derechos.

La "colaboración público-privada", en palabras del vicepresidente del Consell, José Císcar -quien compareció en rueda de prensa junto con el titular de Hacienda, José Manuel Vela, para explicar el plan de reequilibrio - es para el Consell la única alternativa para poder hacer sostenible la sanidad pública y gratuita. .El Consell confía en recaudar 180 millones al año mediante un canon que cobrará a las empresas adjudicatarias.

El acuerdo sobre el modelo sanidad pone de relieve la situación desesperada en la que se encuentran las finanzas valencianas. El plan se ha negociado punto por punto con el Ministerio de Hacienda. Para convencer a Moncloa de que se cumplirá con el déficit y que no será necesaria la intervención de las cuentas, Fabra ha tenido que tomar otras decisiones difíciles, sobre todo en via tributaria, que implican una rectificación en toda regla al que ha sido el discurso del PP valenciano en los últimos años.

En el paquete de ingresos -donde se incluyen las subidas de impuestos acordadas ya en el decreto del pasado mes de enero- hay novedades. Hacienda introduce el impuesto de Patrimonio, que grava las grandes fortunas, y que el Consell tenía bonificado al cien por cien. La oposición llevaba tiempo reclamando su aplicación, pero el Ejecutivo valenciano se resistía. Finalmente se activará en 2013 y lo que se recaude -70,8 millones- se destinará, según Vela, a políticas para dinamizar la economía. Además, el Consell incrementa un punto porcentual (del 7 al 8%) el impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava la compraventa de viviendas. En materia de tributos, las otras novedades -ademas del canon sanitario- son las tasas medioambientales y judiciales, que serán reguladas por una ley especifica. Vela no entró detalles sobre las nuevas tasas, si bien avanzó que se cobrarán, en el primer caso, a las empresas energéticas; y en el segundo, a los ciudadanos por iniciar procedimientos judiciales.

Al capítulo de ingresos, habría que añadir los que vendrán como consecuencia del incremento de las tasas académicas. Finalmente, el Consell ha optado por no aplicar la subida máxima que le permitía el Estado. Con todo, la subida será del 33%. El encarecimiento de la matriculas unido al aumento de la horas lectivas de los alumnos augura más tensión con la comunidad educativa, en pie de guerra por las políticas del Consell.También tendrá efectos inmediatos sobre el presupuesto, el acuerdo de no disponibilidad y limitación de obligaciones, un tijeretazo al presupuesto actual que supondrá una reducción de inversiones y transferencias por valor de 332 millones.