El Partido Popular ha rectificado y ha enviado un nuevo informe al juez del caso Gürtel en el que matiza la influencia del exnúmero dos del PPCV Ricardo Costa en la contabilidad. La formación política ha puntualizado la primera documentación que envió al magistrado José Francisco Ceres sobre cómo funcionaba su contabilidad. Ricardo Costa, que comparecerá como imputado el 25 de mayo, reaccionó pidiendo al magistrado instructor que tomara declaración al actual secretario general del PPCV, Antonio Clemente, y que el partido aclarara por escrito que él no tenía delegada la función contable. El juez acordó todas las peticiones salvo la de citar a declarar a Clemente.
Las solicitudes del exnúmero dos del PPCV generaron cierto malestar en el seno del partido, aunque Costa llegó a remitir un borrador de lo que iba a pedir su abogado. La formación ha informado ahora por escrito de que -como mantenía el exnúmero dos del PPCV- no hay acuerdos por escrito en los que conste que se hubiera delegado la responsabilidad de la contabilidad del partido en Ricardo Costa.
Además, el PPCV ha admitido ante el magistrado que no tiene constancia de haya actas de contabilidad firmadas por él ni existe un acuerdo que acredite la delegación de funciones de Adela Pedrosa (que formalmente fue secretaria general hasta junio de 2007) en Costa.
En su estrategia de defensa, el exnúmero dos del PPCV también solicitó al juez que el Síndic de Comptes confirmara la fecha de la presentación de la contabilidad electoral de 2007, que el Banco Santander informara sobre quién tenía autorización sobre las cuentas del partido y que la junta electoral certificara el día que el PPCV entregó la documentación contable de los gastos electorales de 2007.
El juez Ceres tomó declaración ayer por la tarde a Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo y condenado por cohecho impropio por la causa de los trajes. Betoret declaró durante cinco horas imputado por los delitos de cohecho y prevaricación en las adjudicaciones a Orange Market. El imputado, que se mostró muy tranquilo, incidió en que él "no tenía ninguna competencia" en las adjudicaciones de Turismo.
Veintinueve imputados
El magistrado ha imputado a 29 personas en la causa, entre ellas a seis diputados autonómicos, que van a ser interrogadas en los próximos dos meses. José Francisco Ceres mantiene abierta la causa por la supuesta financiación ilegal del PP, un presunto delito electoral y por la contratación irregular de Orange Market. El juez ha citado a los principales cabecillas de la trama Gürtel a mediados del mes de mayo, pocos días antes del congreso del PP valenciano. Ceres ha imputado a nueve representantes legales de varias empresas para comprobar si pagaban actos electorales del PP en la Comunitat Valenciana. Las empresas supuestamente ingresaban el dinero a Orange Market, que era la que organizaba los actos electorales del PP valenciano, y la firma de Correa supuestamente emitía facturas falsas por servicios inexistentes.
