Los próximos diez días serán cruciales para el Ejecutivo de Alberto Fabra. La crisis económica y de incertidumbre que vive España podría llevarse por delante la autonomía financiera de la Comunitat Valenciana tras treinta años de autogobierno si el Consell no es capaz de convencer al Ministerio de Hacienda de que cumplirá con los objetivos de austeridad. Aunque desde el Gabinete de Cristobal Montoro se lanzó ayer un mensaje de tranquilidad al descartar que sea necesario intervenir alguna autonomía, lo cierto es que la incógnita no se resolverá hasta dentro de diez días, cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y se decida que planes de ajuste pasan o no el examen. Con todo, en caso de ser necesaria, la intervención propiamente dicha se produciría en septiembre una vez comprobada la incapacidad de la administración afectada en corregir su déficit.

El pleno del Consell del pasado viernes aprobó un severo plan de reequilibrio con el que Fabra pretende enderezar los presupuestos y cumplir con las exigencias que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha puesto negro sobre blanco en la nueva ley de estabilidad presupuestaria. La norma marca la hoja de ruta que deben seguir las administraciones para lograr el equilibrio presupuestario e medidas contundentes para aquellas administraciones que se salgan de la senda. El CPFF podría reunirse el 8 o 9 de mayo. Allí el Gobierno decidirá si los planes de saneamiento entregados son o no creíbles y si es necesario tomar medidas. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dijo que no hay excusas para no cumplir la ley y trató de minimizar los efectos políticos de una intervención, al indicar que, llegado el caso, sería "una ayuda", que el Estado brindaría a las comunidades.

La Comunitat Valenciana, una de las autonomías más endeudadas y con mayores problemas de liquidez, está en el punto de mira. El Consell se mostró incapaz el año pasado de cumplir con el techo de déficit marcado para ese año. Liquidó el ejercicio tras gastar 3.800 millones más de lo que ingresó, lo que representó el 3,8% del PIB valenciano cuando el límite era del 1,3%. Con el 1,5% de déficit máximo para 2012 como mucho el Consell tendrá un margen de 1.500 millones. El hachazo al presupuesto aprobado el viernes busca evitar una nueva desviación.

Fabra ha tenido que recurrir a la vía impositiva y, con el aliento en el cogote de Madrid, iniciar el desmantelamiento del modelo público de salud, en el que entra de lleno la iniciativa privada. Con la emisión de deuda paralizada, la situación es prácticamente de quiebra técnica. Hace unos días, en los cenáculos de la capital se elucubró sobre la posibilidad de que Rajoy decidiera lanzar un mensaje de contundencia a los mercados mediante la intervención de una comunidad. El nombre de la C. Valenciana estuvo encima de la mesa. Fabra, aunque de forma ambigua, llegó ayer a admitirlo. "Se habló de intervenciones y alguno barajó el nombre" de la C. Valenciana, pero "desde hace ya mucho tiempo" el Consell está "muy comprometido en la reducción del déficit ", dijo Fabra, quien aseguró que no habrá rescate.

Ahora bien, en privado, miembros del Consell admiten que la hipótesis de la intervención no es descartable al cien por cien. "Si Merkel se levanta un día y se lo exige a Rajoy, nos quedamos sin consellers", comentaba hace unos días gráficamente un miembro del Ejecutivo. Fabra es consciente del descrédito que una medida de estas características traería. Las consecuencias políticas serían incalculables. De ahí que el plan de reequilibrio aprobado el viernes haya sido consensuado con Madrid.

Algunas fuentes conocedoras de la negociación van más allá ya afirman que de facto la Comunitat Valenciana ya está intervenida. "Una cosa es que formalmente se acuerde que los expertos tomen los despachos de los consellers; y otra; que en la práctica el Consell hace tiempo está a las órdenes del ministerio".