Los programas de jubilación anticipada e incentivada que de 2007 a 2009 practicaron las universidades publicas españolas han sido cuestionados por el Tribunal de Cuentas que considera este sistema -por el cual al llegar a los 60 años y 30 de servicio se podía dejar de trabajar con la paga íntegra- de "dudoso encaje legal". Los 279 docentes valencianos beneficiados supusieron un importe total de 6,9 millones de euros al erario público.

Estos programas se han implantado en todas las universidades valencianas a excepción de la Miguel Hernández de Elx, y ha si?do especialmente importante en la Universitat Politècnica de València, con planes de incentivos para100 docentes por un importe de 3 millones de euros, en ese período.

Por volumen de financiación le siguen la Universitat de València, con 140 profesores y planes de jubilación por valor de 2,2 millones de euros; la Universidad de Alicante, con 36 docentes y 1,4 millones en sus programas; y la Jaume I de Castelló, con solo 9 beneficiarios e incentivos por un total de 198.282 euros.

Según recordaron ayer desde la Politècnica de València a este diario, este sistema se desactivó hace dos años, tras una sentencia contra una universidad extremeña y los ajustes económicos.

En el caso valenciano, como publicó en su momento Levante-EMV, muchos de los profesores que se jubilaron anticipadamente son conocidos catedráticos que ocuparon puestos de responsabilidad en la política.

Según detalla el Informe de Fiscalización sobre las Universidades Públicas realizado por el Tribunal de Cuentas, los profesores de las universidades públicas de toda España reciben hasta 300.000 euros en incentivos por un sistema que, de 2007 a 2009, ha recibido financiación pública por un importe total de 43,6 millones.

Tras analizar la legislación vigente, el informe concluye que "lo primero que llama la atención es la ausencia de una norma legal con el rango suficiente que dé cobertura a los procesos de jubilaciones voluntarias con incentivo".

Prueba de que los órganos de gobierno de las universidades no saben bien cómo justificar estos incentivos es que, al tomar las decisiones, hablan de "premios a la jubilación, e incluso deciden que se abone con cargo a partidas presupuestarias destinadas a la acción social", dice el informe. Los planes se suelen centrar en personal docente e investigador, aunque algunas universidades, como la Politècnica, lo han extendido a profesores contratados y a personal funcionario y laboral.