La titular del juzgado de Primera Instancia número 23 de Valencia ha avalado la difusión de la imagen de un funcionario de prisiones detenido por introducir droga en el centro penitenciario de Picassent. El arrestado permaneció en prisión provisional durante dos meses, pero al final el caso fue archivado penalmen?te. El funcionario demandó a Levante-EMV al considerar que la difusión de la información había violado el derecho a su imagen y exigió una indemnización de 25.000 euros. La magistrada ha archivado la demanda porque la información publicada era veraz y tenía "un evidente interés público".

El funcionario, que ostentaba el cargo de jefe de servicio, fue arrestado junto a un compañero en noviembre de 2008 por introducir droga en la cárcel y otros objetos prohi?bidos como teléfonos móviles. El fallo apunta que a pesar de que el procedimiento penal fue sobreseído, el expediente disciplinario de la Dirección General de Instituciones Pe?nitenciarias siguió su trámite y culminó con una sanción de doce años de suspensión de empleo y sueldo.

La sentencia incide en que la noticia publicada era veraz porque relataba de forma fidedigna "la realidad de las investigaciones, del trámite judicial y las decisiones adoptadas". La magistrada advierte de que la información tiene trascendencia pública al tratarse "de hechos especialmente reprobables cometi?dos por un servidor del Estado. La imagen que acompaña a la noticia escrita es real y fue tomada cuando el demandante y el otro detenido salen de la Jefatura de Policía para ser trasladados al juzgado de Picassent". La juez añade en el fallo que la fotografía es "meramente accesoria en cuanto se limita a ilustrar el texto escrito".

La magistrada concluye que el derecho a la información prevalece sobre el de la propia imagen del demandante. La juez insiste en la sentencia en que la información se presentó al lector "de forma aséptica y sin tintes lujuriosos o degradantes".