Los principales imputados en el saqueo de Emarsa, la gestora de la depuradora de Pinedo, planearon un pelotazo de 81 millones de euros a través de la construcción de un secadero de lodos. La idea se pergeñó en reuniones a espaldas de los técnicos de la Emshi y del Ayuntamiento de Valencia, y se concretó en varios documentos. Al menos en un anexo al convenio de financiación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) -de la Generalitat- y Emarsa y en un contrato firmado por esta última y la empresa Notec, una de las contratistas de los lodos. Pero el secadero nunca llegó a construirse.

El empresario José Luis Sena -de la firma de los fangos- declaró ayer ante el juez Vicente Ríos que el gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, le ofreció una explicación de tinte ecologista sobre por qué se abortó el proyecto de construir el secadero que habría sido una mina de oro. "Cuesta nos dijo que en el lugar donde iba la planta de secado solar había una esquina que afectaba a una pequeña rotonda y que por eso no se podía hacer (...) una esquina que estaba afectada como zona verde y no permitía la instalación", declaró Sena durante su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

El contratista agregó que le hizo llegar a Cuesta su sorpresa ante lo que entendió que era una excusa. "Le dijimos [a Cuesta] que a estas alturas cómo era posible que eso no lo hubiera dicho nadie antes, que nos sonaba a tomadura de pelo", explicó. Interrogado por el juez sobre qué respuesta dio Cuesta ante estas objeciones, el empresario apuntó: "Nos dijo que la Emshi -propietaria de Emarsa- le había dicho que en esa zona no se podía hacer".

Como reveló Levante-EMV el 16 de abril, el plan del secadero -que comportaba una facturación de lodos de 89 millones de euros en 25 años, cuando la primera propuesta barajada era de 7,5 millones en ese plazo- fue tramado por Cuesta; por el presidente de la Emshi, Enrique Crespo; por el gerente de la Epsar, José Juan Morenilla, y por el jefe de explotaciones de esa entidad, Ignacio Bernácer, según la documentación que consta en el sumario. Ese proyecto fue avalado por el entonces conseller, José Ramón García Antón, al validar con su firma, el 21 de abril, el anexo al convenio de financiación Epsar-Emarsa. El juez que instruye la causa preguntó a Sena si sucedió algún hecho "relevante para que se produjera una modificación tan sustancial de la situación", como para explicar la marcha atrás en los planes.

Tras preguntarle, en ese sentido, si "en agosto hubo algún cambio en la conselleria" y al contestar Sena que no lo recordaba, el juez Ríos le refrescó la memoria: "el 11 de agosto de 2009 (...) falleció el conseller, señor García Antón".