El vicepresidente del Consell, José Císcar, admitió ayer que algunos de los contenidos del sumario de la conocida como "causa de Cooperación" que se están conociendo en los últimos días tras levantarse el secreto de sumario causan "vergüenza ajena" al Ejecutivo. A preguntas de los periodistas, el titular de Presidencia dejó claro que el Consell condiciona el cese del portavoz del PP en las Corts y exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, a su imputación judicial, algo que no se ha producido hasta el momento.
Císcar se pronunció en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser inquirido sobre las revelaciones del sumario, entre ellas, que el empresario César Augusto Tauroni, en prisión por esta causa, se refería a los países en desarrollo objeto de la cooperación como "Negrolandia" "Algunos de los contenidos que estamos conociendo nos causan vergüenza ajena", aseveró Císcar, quien apuntó que algunas de las expresiones conocidas son "absolutamente reprobables", especialmente teniendo en cuenta que se trata de un área, la cooperación al desarrollo, que es "muy sensible" y "afecta a ciudadanos necesitados y a personas que viven en estado de pobreza". "Esto nos reafirma en que contra la corrupción tenemos que luchar con todas nuestras armas", recalcó. En ese sentido, insistió en que "hay que mantener la actitud de tolerancia cero contra la corrupción" y la "colaboración máxima y absoluta" con los tribunales de Justicia.
Inquirido sobre la exigencia de responsabilidades políticas -algo que apunta directamente a la situación de Blasco-, señaló que no hay "ninguna duda" del compromiso del presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, en la lucha contra la corrupción y agregó que no queda "ningún alto cargo [imputado] en su puesto" y se han abierto los expedientes disciplinarios correspondientes a los funcionarios presuntamente implicados. "La línea que marca la diferencia es la imputación", aseveró. Esto es, si el juez imputara a Blasco, el PP lo forzaría a dimitir.
Cuestionado sobre la razón por la que se mantuvo a la cúpula de la Conselleria después de que una directora general -Pilar Collado, exresponsable de Cooperación y esposa del exsecretario regional del PPCV, Antonio Clemente- se marchara tras negarse a firmar los expedientes, indicó que "seguramente ese alto cargo no nos planteó la necesidad" y recalcó que, en cualquier caso, ya existe una investigación judicial en curso.
La investigación interna, en junio
"Dejemos trabajar a los jueves y a los tribunales, es un sumario muy voluminoso, muy completo, muy exhaustivo y va a haber unas conclusiones en sede judicial que antes o después vamos a conocer", apuntó Císcar, quien insistió en que en estos momentos el "mejor servicio" que el Consell puede prestar es colaborar con la justicia. Preguntado por la valoración de la actuación de la extinta Conselleria de Solidaridad, Císcar señaló que se ha creado una comisión en Justicia y Bienestar Social que está "evaluando y analizando todos los expedientes de cooperación" y tiene de plazo hasta mediados de junio para sacar sus propias conclusiones.
