El coste del Valencia Open 500 de Tenis, torneo del que se han celebrado ya tres ediciones en el Àgora, sigue siendo un enigma. El Consell de Alberto Fabra ha ejecutado un perfecto "passing shot" en respuesta a la petición de Esquerra Unida de que se le entregue el contrato de la empresa organizadora de la competición de la ATP, Octagon Esedos, con el Consell Valencià de l'Esport (CVE), la entidad que paga el torneo.

El contrato "se encuentra sujeto a las cláusulas de confidencialidad propias de este tipo de relaciones mercantiles", argumenta la consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, ante la demanda de documentos por parte del diputado de EU Ignacio Blanco. Como segundo motivo para ocultar el coste de la competición, la consellera arguye que esa documentación "ha sido revisada por la Sindicatura de Comptes, organismo dependiente de las Corts, como órgano con competencia para revisar la documentación solicitada".

La negativa no se compadece con la doctrina Fabra en favor de la transparencia de los contratos de la Administración. La confidencialidad como pretexto para justificar la negativa a enseñar los acuerdos mercantiles fue ya utilizada por el Gobierno de Francisco Camps cuando negó a la oposición el contrato con Bernie Ecclestone sobre el Gran Premio de Europa de Fórmula 1. También se aludió a cláusulas secretas cuando se le negaron al socialista José Camarasa los contratos de Calatrava que recientemente fueron enseñados precisamente a Blanco por el Consell de Fabra. El Consell sí puso a disposición de Blanco el pacto de 2009 entre Octagon Esedos y la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa) en el que se fijaban las contraprestaciones entre la firma propietaria de los derechos del torneo y el complejo de ocio que lo alberga, como contó ayer este diario. El diputado pudo acceder también a las adendas al contrato firmadas en 2010 y 2011. Se le dejan ver los documentos sobre intendencia, pero no aquellos en los que se habla de dinero.

Esquerra Unida ha solicitado a Lola Johnson "copia literal de la cláusula de confidencialidad incluida en el contrato firmado por el Consell Valencià de l'Esport vinculado con el Open de Tenis". En una segunda iniciativa en aras de acceder al expediente completo que permita calcular los costes del torneo, Ignacio Blanco pide "copia literal de las partes o cláusulas del contrato firmado por el Consell Valencià de l'Esport vinculado con el Open 500 de Tenis que no estén sujetas a confidencialidad". Paralelamente, EU pregunta al Consell si se han "materializado" los compromisos de gasto del CVE en las edición del Open de Tenis de 2011, en las dos anteriores, y hasta qué punto se han desembolsado cantidades en la actual de 2012, que se celebrará en octubre. La cuenta general de 2010 fijaba unos gastos comprometidos del CVE para 2011 de 3.688.800 euros; otros 3.161.000 para 2012 y 3,24 millones en 2013.

El diputado Ignacio Blanco entiende que en las dos ediciones anteriores el coste rondaría esas mismas cantidades superiores a los 3 millones. La negativa a facilitar la información con el argumento de la confidencialidad es "un hecho legalmente dudoso y políticamente inadmisible" para el parlamentario de EU, que exige a Fabra que deje de actuar con "opacidad".