El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anuló algunos preceptos del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque natural de La Albufera aprobado por el Consell el 19 de noviembre de 2004.
La sentencia del Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat Valenciana a cubrir los gastos del abogado contratado por Acció Ecologista Agró, que fue quien llevó a los tribunales las modificaciones del PRUG aprobadas bajo el mandato de Rafael Blasco como conseller de Medio Ambiente. Además confirma la anulación de las normas relativas a la zonificación y a la regulación de la actividad urbanística y edificatoria con la que el Consell pretendía autorizar la construcción de viviendas y edificios públicos en espacios protegidos situados en El Perelló (Sueca), Pinedo y El Palmar (Valencia) Entre las obras que no podrán autorizarse ahora figura la urbanización proyectada en Pinedo para, supuestamente, "realojar" a los desalojados de La Punta.
El PRUG, que a grandes rasgos es el documento que regula qué se puede y qué no se puede hacer en el parque, cómo debe gestionarse y las necesidades de inversión para la protección del espacio natural, fue inspirado por Rafael Blasco y su contenido, tal como sentenció el TSJCV, es contrario en algunos aspectos al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), una norma de rango superior.
Argumentaba AE-Agró que mientras el PORN se rige, como criterio directriz, por la protección del medioambiente, el PRUG "restringe todo lo posible las áreas protegidas o disminuye los niveles de protección, facilita la instalación en el parque de usos y actividades lúdicas, recreativas, hosteleras, deportivas y edificatorias y legaliza actuaciones irregulares".
Víctor Navarro, portavoz de AE-Agró recordó ayer que frente a la sentencia del TSJCV, ayuntamiento y Generalitat respondieron interponiendo recursos y "autorizando actuaciones afectadas por las normas anuladas, incluso sabiendo que un pronunciamiento desestimatorio del Tribunal Supremo, como ha ocurrido, dejaría son cobertura legal todas las autorizaciones otorgadas desde la entrada en vigor del PRUG a finales de 2004".
Según AE-Agró, pese a las "proclamas" de Rafael Blasco, y los informes favorables "de no pocos técnicos" de Medio Ambiente, el PRUG representaba "una destroza encubierta de la Albufera y la mercantilización de sus valores naturales"
Vigilancia
Acció Ecologista-Agró, a través de su portavoz, dijo ayer que era necesario otro PRUG que "respete" la protección y conservación del parque. Además, estiman que es necesario "someter a revisión todas las autorizaciones otorgadas alegremente" desde la entrada en vigor del decreto anulado, además de "exigir responsabilidades" a quienes elaboraron el PRUG y "a quienes lo informaron favorablemente". Los ecologistas advierten que estarán vigilantes para evitar "posibles irregularidades" en el proceso de revisión de los PRUGs de los parques naturales que ha iniciado el Consell.
