Hubo un tiempo en que la oposición podía clamar mirando al Palau de la Generalitat pidiendo que rodaran cabezas de supuestos responsables de asuntos turbios sin ningún resultado. Desde que está Alberto Fabra de inquilino, sindicatos y partidos de izquierda apenas tienen tiempo para redactar el comunicado de petición de destituciones. Si se despistan, ya llegan tarde. Porque el jefe del Consell tiene en una mano unas tijeras y en la otra un bolígrafo para firmar sentencias de muerte de todo aquel que resulte imputado.

La última "víctima" de su doctrina de descontaminar la Generalitat de encausados en los tribunales se llama Ricardo Calatayud. Era, hasta ayer, director económico de RTVV. Se ha convertido en el primer cargo público destituido oficialmente desde el Consell por el caso Gürtel en cualquiera de sus ramas. Aunque fue Francisco Camps la primera y gran víctima en la Generalitat, con su dimisión forzada por Rajoy. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al exjefe económico por presunta malversación de fondos y prevaricación en el contrato a Teconsa para la cobertura audiovisual de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, dentro de la causa Gürtel. La noticia de su imputación saltó a media mañana. Pasadas las once y media, Intersindical y Esquerra Unida pidieron la destitución. El pleno del Consell arrancó media hora después. La orden al director general de RTVV, José López Jaraba, para que rubricara la destitución inmediata no se hizo esperar.

Lamentos en el pleno

Tras el pleno, el vicepresidente, José Císcar, explicó a los periodistas: "Si efectivamente se confirma su imputación y, dentro de la política de máxima ejemplaridad y transparencia del presidente de la Generalitat, se produciría su cese". A esas horas, el jefe económico del ente público ya era un ex. Fuentes del Consell indicaron que durante la reunión el conseller de Hacienda José Manuel Vela hizo constar su disgusto con la decisión de destituir a quien, por circunstancias de la quiebra de Canal 9 -debe 1.100 millones- ha trabajado en la elaboración de un plan de viabilidad.

Las mismas fuentes señalaron que el responsable de cuadrar las cuentas de la Generalitat está lógicamente dolido porque su hermano, Jorge Vela, fue destituido como director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el pasado 15 de mayo, tras ser imputado en el caso Nóos, por firmar uno de los contratos de la Ciutat de les Arts con el instituto de Iñaki Urdangarín.

Calatayud deberá ir a declarar a Madrid el próximo 28 de junio, día en que el juez Ruz también ha citado, como testigos, a cuatro empleados de Canal 9: Andrés Bravo, Teresa Villó, Alejandro Serrano y José Selva. Todos ellos en relación con el citado contrato adjudicado a la constructora Teconsa por 7,49 millones. Calatayud formaba parte de la mesa que adjudicó el millonario contrato. A favor de la empresa existía un informe firmado por Antonio de la Viuda y Luis Sabater, exresponsables técnicos de Canal 9.

El exdirector general del ente Pedro García explicó al juez que los técnicos decidieron la elección de Teconsa, firma pantalla de la red Gürtel, que pescó unos 3,8 millones de euros en comisiones gracias a ese contrato. Días después, Sabater rebatió esa versión al apuntar que García trasladó la orden, a través de Calatayud, de contratar a Teconsa. Ahora, el juez, que ya había imputado a Sabater, De la Viuda y García, encausa a Calatayud.

La tolerancia ocho

Además de Jorge Vela, otros cuatro excargos públicos han caído en aplicación de la doctrina Fabra en favor de la "transparencia". Son Josep Maria Felip y Alexandre Català, tras ser imputados por el presunto desvío de fondos de cooperación; Luis Lobón, por los pagos a Nóos en su atapa al frente de Grandes Proyectos e Ignacio Bernácer, exjefe de explotación de la Epsar, la entidad que aporta los fondos para financiar las depuradoras, al verse implicado en el caso Emarsa.

La regla tiene sus excepciones. Ocho. Empezando pr Dora Ibars, directora de Promoción Institucional. También están imputados siete diputados de las Corts. Desde Presidencia subrayan que las Corts son territorio pantanoso porque el PP no puede arriesgar su mayoría absoluta tomando medidas disciplinarias. Se da la circunstancia de que todos ellos están imputados por la causa Gürtel de presunta financiación ilegal de los populares. Isabel Villalonga, secretaria de la Delegación del Gobierno, también está imputada.