Las empresas de los cinco detenidos el pasado jueves por la policía cobraron más de 400.000 euros de las ONG de la trama, según se desprende de varios informes de la Agencia Tributaria a los que ha tenido acceso Levante-EMV. Las firmas tienen como objeto social la reforma de viviendas, la producción de energía eléctrica y hasta la de establecimiento cafetería y facturaron a las organizaciones subvencionadas por la Conselleria de Solidaridad cuando la dirigía Rafael Blasco por trabajos que la magistrada investiga si se realizaron. Tras declarar ante la juez, los cinco detenidos fueron imputados por varios delitos y se decretó su libertad provisional con obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado, excepto para uno de ellos que fue puesto en libertad sin medidas cautelares, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Uno de los empresarios detenidos, concretamente Félix Sanz Pardo es uno de los administradores de la cuenta que los Testigos Cristianos de Jehová tienen en una sucursal bancaria de Llíria (Camp de Túria), además de las de varias empresas investigadas y de Gestión Solar Pobla, que ingresó, al menos, 46.600 euros por una factura de un proyecto en Tailandia financiado por la Generalitat, según ha podido saber este periódico. Sobre esta firma se encontraron sellos en los registros de febrero junto a los de empresas radicadas en Miami, también investigadas por blanqueo de capitales.

Otro de los detenidos y ahora imputado es José Luis Mezquita Alcañiz, según pudo confirmar este periódico de fuentes de toda solvencia. Mezquita es administrados de la firma Matuscas Servicios de Riba-Roja del Túria y, según Hacienda, ingresó 103.855,01 euros de la Fundación Hemisferio, la matriz del entramado que dirigía el empresario encarcelado Augusto César Tauroni en 2010. Ese mismo año, la firma que ahora está siendo investigada también tuvo un ingreso de la firma Chust Alzira, propiedad el detenido Carlos Andrés Chust. En este caso el cobro fue de 115.726,35 euros. Matuscas Servicios ha tenido diferentes objetos sociales, entre ellos la construcción de viviendas e, incluso, la de establecimiento cafetería.

Por su parte, Chust Alzira percibió de una de las organizaciones que subvencionó Solidaridad más de 192.000 euros entre los años 2010 y 2011. Cabe recordar que las cuentas de las organizaciones estaban controladas por una abogado de la Fundación Hemisferio.

La identidad de un cuarto empresario detenido el jueves que ha podido averiguar este periódico es la de Miguel Ángel Climent Estruch, propietario de Monribar-Caf, una firma radicada en San Antonio de Benagéber. El también imputado Félix Sanz administra la cuenta de esta empresa que, según el informe de Hacienda, no ha realizado movimientos en los dos últimos años.

Las facturas de estos proyectos que ahora investiga la justicia no fueron detectados por los técnicos de la Generalitat, ni tampoco por las evaluadoras externas de los proyectos. La juez sospecha que el pago a estas firmas se realizó sin ninguna contraprestación, es decir, fue dinero directamente desviado.