Hace un mes, la investigación del caso Fabra estaba prácticamente concluida y el juez instructor de Nules, Jacobo Pin, remitía los 20.000 folios de sumario a la Audiencia Provincial de Castelló para que fijara fecha al juicio oral. Parecía que el presidente del PP de Castelló, Carlos Fabra, se iba a sentar en el banquillo de los acusados, tras más de ocho años de instrucción judicial, para responder de al menos tres delitos: fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho.

Sin embargo, un auto de última hora firmado el pasado 18 de mayo por el presidente de la sala primera de la Audiencia Provincial, Carlos Domínguez, devolvía la causa a Nules y ordenaba a Pin que eliminara la acusación de cohecho por falta de pruebas. De esta manera la sala se quitaba de encima la causa, se declaraba no competente para juzgar el caso y advertía al juez instructor de que podría haberse extralimitado en la investigación, incurriendo en un «abuso» y en un «fraude de ley», al imputar al popular en un delito de cohecho sin más pruebas que unos simples indicios, a ojos de la Audiencia.

Se trataba de un golpe de gracia a la instrucción del caso que provocó la inmediata y contundente reacción de Jacobo Pin. El pasado miércoles, el juez de Nules emitía un escrito en el que defendía su «imparcialidad e independencia» y en el que pedía una serie de aclaraciones a la Audiencia. En su alegato, el instructor pide a Domínguez que explique si debe dar por cerrado el caso en lo que respecta al delito de cohecho, una decisión crucial para el futuro de la causa, ya que de ello dependerá que el juicio se celebre en un Juzgado de lo Penal y no en la Audiencia Provincial, con la consiguiente rebaja de las penas y posibilidades de recursos. Se escenificaba de esta manera una diferencia de criterio entre Pin y Domínguez que viene ya de lejos.

Las desavenencias entre el juez instructor y el presidente de la Audiencia Provincial a cuenta del caso Fabra no son nuevas. En los últimos años, numerosas decisiones adoptadas por el Juzgado de Nules han sido matizadas y paralizadas, cuando no directamente rechazadas, por el tribunal castellonense. El principal escollo surgió cuando Jacobo Pin decidió procesar a Carlos Fabra por cinco delitos fiscales y el tribunal que preside Domínguez le enmendó la plana al concluir que tales delitos habían prescrito. Fue un duro revés para la instrucción del caso, ya de por sí embarrancada durante años en una maraña de recursos y contrarrecursos. La cuestión necesitó de la mediación del Supremo que, un año después, rectificó a la Audiencia Provincial y sentenció que los delitos contra el fisco supuestamente cometidos por Fabra no solo no están prescritos, sino que deben ser investigados a fondo. El caso volvió a Nules.

En otra ocasión el juez Pin decidió que Fabra y el resto de imputados debían ser juzgados por un jurado popular conforme a la ley. Una vez más, parecía cerca la imagen del dirigente del PP sentado en el banquillo de los acusados. Y una vez más, la Audiencia corregía al Juzgado de Nules al dictaminar que el caso no debía ser enjuiciado mediante la ley del jurado, sino como un procedimiento más.

Este cisma ha levantado las suspicacias de responsables políticos de Castelló, en especial de EU e Iniciativa, quienes han llegado a asegurar que detrás de tales tensiones judiciales está la estrecha amistad entre Fabra y Domínguez. De hecho, en alguna ocasión han ido juntos al fútbol y a los toros, y cuando Fabra era presidente de la diputación impulsó la edición de un libro de la esposa del presidente de la Audiencia. Esta íntima relación ha sido negada siempre por Domínguez. El mismo Vicente Vilar, el empresario que hizo estallar el caso a finales de 2003 al presentar dos querellas contra Fabra, —actualmente preso por violar a su exesposa—, ya advirtió poco antes de entrar en la cárcel que había sido víctima del «poder judicial fabrista».