Un informe pericial solicitado por la juez que investiga la trama de ONG confirma y enumera múltiples irregularidades en la adjudicación de las subvenciones de la antigua Conselleria de Solidaridad a la fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para proyectos en Nicaragua, una de las ramas del presunto fraude. El documento también revela que del dinero adjudicado en principio para proyectos de desarrollo, el país centroamericano apenas se llevó el 2,5 % (43.000 euros), mientras que Arcmed, una empresa afín al presunto cerebro de la trama y ahora en prisión, César Augusto Tauroni, obtuvo 456.960 euros, diez veces más. Unos servicios que, además, «se adjudican ilegalmente».
Este nuevo informe tiene fecha de 13 de abril de 2012 y ha sido elaborado por un funcionario del Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado. El perito analiza cinco subvenciones de Solidaridad a la fundación Cyes en 2008: dos grandes proyectos (1,66 millones) para abastecimiento hídrico de la población (pozos) y producción de alimentos en Nicaragua. Y tres subvenciones más para másteres por 161.000 euros. 1,8 millones de euros en total.
El informe del Estado confirma, como ya se sabía, que de los fondos públicos otorgados, la mayor parte se destinó a la adquisición y reforma de cuatro inmuebles en Valencia (dos pisos y dos garajes), «alterando la finalidad de la subvención». Según ha declarado a la juez el presidente de la fundación Cyes, Marcial López López, fue Tauroni, presunto cerebro de la trama, quien urdió la concesión de las ayudas y quien le dio la idea de constituir esa «oficina técnica».
Además de esto, las conclusiones del experto cuestionan la actuación de la conselleria en prácticamente todas las etapas de estos proyectos. Este informe pericial desmonta la defensa del exconseller Blasco de que la actuación de la Generalitat había sido la correcta en la tramitación de los expedientes a las ONG de la trama. Este primer varapalo a la gestión del síndic del PP puede ser más evidente cuando el equipo de funcionarios de la Generalitat que analiza los proyectos investigados por el juez publique sus conclusiones antes de que acabe junio.
La primera irregularidad de la adjudicación que enumera el interventor es que Cyes «claramente no acredita reunir» el requisito de experiencia para desarrollar proyectos en Nicaragua. El perito también destaca que la Generalitat pagó los fondos por los dos grandes proyectos «antes de que se presentase la reformulación de los mismos». La fundación podía haber desistido e incluso no haber presentado en plazo el nuevo proyecto, argumenta el interventor.
De hecho, continúa el informe, «no consta que se haya examinado y aprobado dicho proyecto reformulado». Este es un trámite no exigido por la normativa, aunque «cualquier criterio de mínima prudencia lo aconsejaría, como así lo hace la Ley de subvenciones, de aplicación supletoria en este caso».
«Vulnerando toda norma»
El perito también detecta irregularidades en el proceso de justificación del gasto. Tras ser requerida la ONG para «subsanar y aclarar múltiples incumplimientos y errores de justificación», Cyes, apunta el informe, presenta «otras facturas sin vinculación directa con el proyecto, sin que estén expedidas a su nombre, sin respaldo de pago y resultando imposible su pago con los fondos de Cyes». La reacción de la Generalitat sorprende al propio interventor: «Los responsables de la conselleria, vulnerando de modo generalizado toda la normativa estatal de subvenciones, admiten dichos justificantes certificando la conformidad de la subvención».
Como corolario a todo esto, el perito asegura que «Cyes no acredita la cofinanciación de los dos grandes proyectos», algo exigido en la Ley General de Subvenciones.
Una cuantía «desproporcionada» y adjudicada «ilegalmente»
El informe pericial remitido por el interventor del Estado a la juez que investiga la trama de ONG, Nieves Molina, destripa a qué se destinó cada euro de los dos grandes proyectos de cooperación internacional para los que la fundación Cyes recibió fondos públicos.
En este punto, se certifica que sólo el 2,57 % del total de la subvención fue destinado a Nicaragua: 43.000 euros de los 1,67 millones otorgados para pozos de agua y «producción de alimentos con enfoque de soberanía alimentaria».
Siguiendo un orden de importancia cuantitativa, el dinero se destinó a la adquisición y reforma de cuatro inmuebles para oficina técnica en Valencia «sin que conste claramente en las memorias». En segundo lugar, se invirtieron 456.960 euros en el pago de facturas expedidas por la empresa Arcmed. Se trata de una empresa vinculada a Tauroni, presunto cerebro de la trama ONG, y el informe sentencia que «dichos servicios se adjudican ilegalmente», vulnerando la ley de subvenciones. Y es que esa empresa no tenía actividad hasta la fecha, ni personal laboral contratado ni información fiscal disponible, ni ha subcontratado con ningún profesional. «La cuantía resulta totalmente desproporcionada en relación al coste invertido en Nicaragua», concluye el informe. Concretamente, al pago a esta empresa se destinó diez veces más que lo que se invirtió en el proyecto de cooperación.
