El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha iniciado el procedimiento para imputar a Rafael Blasco en la causa que investiga presuntas subvenciones irregulares a ONGs por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía. La jueza ve "indicios existentes en la causa para imputar hechos de naturaleza delictiva" al exconseller Rafael Blasco y actual síndic del Partido Popular en las Corts. Por ello, en una providencia fechada el lunes, Nieves Molina solicita a la cámara autonómica que acredite la condición de diputado de Blasco y, en consecuencia, pregunta al ministerio fiscal si procede trasladar el caso a la sala Penal de TSJ de la C. Valenciana por su condición de aforado.
Rafael Blasco recibió la noticia ayer mientras asistía en las Corts a un acto de Cruz Roja. Poco después de recibir la noticia abandonó el hemiciclo visiblemente contrariado. Al mediodía, el todavía portavoz se reunió con el presidente de la Generalitat para hablar de su futuro.
Según explicó posteriormente el propio Alberto Fabra, el síndic del PP Rafael Blasco mantendrá el cargo hasta el momento en que sea "efectiva" su imputación, aunque cederá protagonismo en la actividad parlamentaria a los viceportavoces, y que cuando sea efectiva "tendrá que dejarlo".
Por la mañana, el presidente de la Generalitat ya apuntó al conocer la noticia que Rafael Blasco conocía "el camino" que está tomando el partido de que "aquellas personas que tienen que aclarar algunas cuestiones con la justicia no pueden desempeñar ciertos cargos". "Eso lo sabe Rafael Blasco, y desde luego es consciente de que tendrá que tomar esa decisión" en su día, ha aseverado el presidente de la Generalitat.
Nuevas normas
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, criticó el pasado jueves que "se equivocan los que ven en las ONG un negocio" y mostró frialdad poco después de conocerse las embarazosas conversaciones que aparecen en el sumario de la causa. Rafael Blasco ha sido visto los últimos días haciendo uso de cabinas públicas en la ciudad de Valencia.
Un caso abierto
La 'causa de la cooperación' fue denunciada en octubre de 2010 por Levante-EMV, y cuenta hasta la fecha con un total de 27 personas imputadas, las últimas cinco administradores de empresas que fueron detenidos la semana pasada y que quedaron posteriormente en libertad provisional. En esa operación policial de la semana pasada, la juez autorizó entradas y registros en viviendas particulares y sedes sociales, ninguna de ellas en sede oficial.
El sumario, cuyo secreto quedó levantado el pasado 17 de mayo, está abierto desde mayo de 2011 por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. Seis de los imputados ocupaban cargos de la Administración autonómica en el momento de su detención o declaración ante la juez, entre ellos el ex director general de Cooperación de la Generalitat Josep Maria Felip y el exsubsecretario de la Conselleria de Sanidad Alexandre Catalá.
También formaba parte del Gobierno de la Generalitat la exjefa del Servicio de Gestión de Programas de Cooperación de la Conselleria de Solidaridad Dolores Escandell, que fue detenida y puesta en libertad, y el exjefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad Marc Llinares. Las otras personas imputadas hasta hoy, en su mayoría, están relacionadas con distintas ONG, como el responsable de la Fundación Hemisferio César Augusto Tauroni, que permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
La juez mantiene distintas medidas cautelares para todos los imputados que están en libertad provisional, que van desde la presentación periódica en los Juzgados a la retirada de pasaporte o la obligación de solicitar autorización para salir del país o comunicar cualquier cambio de domicilio. En la investigación que dirige la juez están implicadas, al menos, seis ONG y son diecinueve los testigos a los que ya se ha tomado declaración.
La acción judicial se sigue por un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la entonces Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía que dirigía el actual portavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo. Se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones, con facturas que, supuestamente, se hinchaban para justificar el dinero concedido.
Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití, país éste último donde el supuesto desvío no se hizo efectivo. En este momento de la instrucción, no se puede precisar todavía el dinero supuestamente defraudado.
Durante el año de investigaciones judiciales, la juez ha acordado la práctica de pruebas tanto documentales principalmente como periciales (a través de la Intervención General del Estado y de la Agencia Tributaria).También ha ordenado entradas y registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, incluidas dependencias oficiales de la Conselleria de Bienestar Social, ahora de Justicia y Bienestar Social.
