El aumento de alumnos por clase que el Consell aprobó con el reciente Real Decreto de ajuste en la enseñanza para todas las etapas previas a la universidad se prevé como una normativa con consecuencias «a largo plazo». Así lo creen desde la propia inspección educativa, que avanzan que las primeras consecuencias del reglamento se notarán durante el año que viene, pero el verdadero escenario «se desarrollará en el curso 2013-14».

Fuentes de la Asociación de Inspectores de Educación del País Valenciano (Adide) consultadas por Levante-EMV alertaron sobre el más que probable cierre de centros o líneas de enseñanza. Las grandes perjudicadas serán las escuelas menos demandadas, que con toda seguridad sufrirán una fuga de alumnos a colegios e institutos cercanos —tanto públicos como concertados— al aumentar las posibilidades de matriculación. Si el cambio es masivo, el centro dejará de ser rentable. Y en una crisis que ya dura cuatro años, la ausencia de estudiantes equivaldrá a una sentencia de muerte. Los centros con mala fama o peores infraestructuras podrían ser los más perjudicados, ya que muchas familias que no lograban plaza en aquellos colegios o institutos que deseaban ahora contarán con más posibilidades, con un más que probable hacinamiento en las aulas.

La posible desaparición de escuelas es un escenario en el que los propios inspectores de la conselleria ya están trabajando, pero no será visible hasta dentro de un mínimo de dos años. Desde la inspección educativa comentan que el desarrollo de la normativa será «leve» durante el próximo curso, dado que la propuesta de arreglo escolar para primaria ya ha sido definida. En esta etapa inicial el principal escollo es la habilitación provisional de nuevas aulas, que choca con la presencia de más alumnos por clase. En los últimos ejercicios, el Consell ha creado de forma provisional cerca de 200 nuevas unidades en primaria, definidas según las demandas de los claustros. Ahora, la orden es clara: ceñirse a la propuesta de arreglo escolar a rajatabla. No hay lugar para más aulas.

450 unidades en secundaria

A su vez, la conselleria también ha previsto la eliminación de 450 unidades en secundaria para el año que viene. Sin embargo, los inspectores avisan sobre una posible revisión de la cifra: «creemos que saben que se les ha ido la mano y van a recapacitar, el problema reside cuando decide un gestor político que conoce el sector de forma superficial». La planificación en esta rama educativa está más encubierta y la del curso que viene no ha sido definida de forma oficial por la Generalitat.

Las impresiones de los inspectores fueron refrendadas por los sindicatos. Francisco Javier González Zurita (FETE-UGT) comentó que «tanto el gobierno como la Generalitat han hablado de disposiciones transitorias, pero mucho nos tememos que detrás de sus palabras se encuentra una verdadera apuesta por un cambio de modelo, por una privatización de la escuela pública».