«Hay que poner fin a este derrame». Con esta firme convicción el departamento de Derecho de la Universitat de València y el Instituto de Criminología, han decidido crear el primer diploma de Delitos Económicos y Relacionados con la Corrupción. Su coordinadora, la profesora de derecho penal Ángela Matallín, defiende la necesidad de abrir más vías de estudio en este campo de la delincuencia. «Sin una buena formación y más recursos, España continuará como hasta ahora o peor aún. Encabezamos las listas de países con más delitos relacionados con la corrupción, tráfico de drogas, de armas, géneros prohibidos y blanqueo de capitales», afirma.

Por ello, la UV ha impulsado este diploma, pero no es el único curso en este sentido. También se realizan desde hace dos años y con una gran aceptación los diplomas de Gestión y Control del Concurso de acreedores, orientado a la función de la Administración Concursal, y el diploma en Auditoría, Prevención y Represión de Blanqueo de Capitales. Y es que «en las facultades no se explica figuras delictivas tan complejas como el contrabando, el cohecho o el blanqueo de capitales», cuenta Matallín, de manera que son necesarios cursos, jornadas y seminarios para aportar esta especialización a los encargados de vigilar estos delitos.

El diploma, gestionado por la Fundación Adeit y en colaboración con la Fundación Geociencias, va dirigido principalmente a abogados, economistas, asesores, consultores, periodistas y funcionarios, especialmente los del cuerpos policiales y miembros de la carrera judicial y fiscal. Esta heterogeneidad responde a la intención de formar al mayor número de perfiles, porque la carencia de herramientas para luchar contra los delitos económicos se extiende desde el cuerpo de funcionariado hasta la abogacía o la profesión periodística, en opinión de la experta.

La profesora de derecho penal pone como ejemplo de estas deficiencias los 44.000 jueces que tiene Alemania frente a los 4.000 que hay en España. Los 27.000 funcionarios de las aduanas francesas frente a los 3.000 de las costas españolas. «En España se han gastado el dinero en otras cosas. Dicen que hay muchos funcionarios, pero ¿dónde están? No donde tienen que estar», explica Matallín.

En este sentido, la amnistía fiscal planteada por el gobierno representa «una brutalidad» para la profesora de derecho penal. «Entiendo que el país está en una grave situación económica, pero esta medida ayuda a los delincuentes a borrar su huella. La cantidad de dinero negro que se mueve en España es increíble. Y no sabemos exactamente cuánto es porque estos delitos son muy difíciles de perseguir, son invisibles. No conocemos la "caja B" de España», concluye Matallín.