Que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra es uno de los tópicos más extendidos pero en la sorprendente, poliédrica y camaleónica biografía de Rafael Blasco, exconseller tanto con socialistas como con populares, antisistema durante el franquismo y verdadero obseso por el poder, vendría a ser un desafío más. Porque desde que hace 23 años vio liquidada —en apariencia— su carrera política por el llamado «caso Blasco», cuando en 1989 el entonces presidente socialista, Joan Lerma, lo destituyó por un asunto de supuesta corrupción urbanística que lo sentó en el banquillo del TSJ, el todavía síndic del PP en las Corts no ha dejado de flirtear con el abismo en su segunda «vida» política en la otra orilla, la de la derecha, a partir de 1995. Su hoja de servicios como estratega —primero de Zaplana y, más recientemente, de Camps, para sacar al PP del lodazal Gürtel en 2009— ha venido acompañada de sucesivos escándalos en la gestión, con un denominador que se repetía: Un núcleo de personas de absoluta confianza que lo sigue a lo largo de las responsabilidades que ha ido asumiendo (desde Bienestar Social a Territorio, Sanidad o Solidaridad) y que acaba estando detrás de jugosas adjudicaciones. Así, hasta el escándalo de la trama de ONG que puede acabar con su imputación y constituir su enésimo final político.

Podría así repetirse la historia del hasta entonces mayor escándalo en el Consell, en la etapa socialista. Blasco —militante del PCE (m-l) y del FRAP en el franquismo, durante el que llegó a ser encarcelado— dio el salto en 1980 al PSPV, desde el que se convirtió en baluarte del Ejecutivo de Lerma, donde fue titular de Presidencia y, a partir de 1985, de Obras Públicas y Urbanismo. Su estrella se eclipsa a raíz de la denuncia que la entonces directora de Urbanismo, Blanca Blanquer, interpone ante la Fiscalía contra dos funcionarios al tener sospechas de que se habían ofrecido a cambio de 500 millones de pesetas para una reclasificación urbanística en las Salinas de Calp. A raíz de la intervención de los teléfonos, se descubren conversaciones que apuntaban a un posible amaño en la venta de una parcela del Ivvsa en Paterna, sacada a concurso a un precio muy inferior al de mercado.

Seis personas en el banquillo

Tras saltar a la luz pública el escándalo, Lerma lo destituye como conseller el 28 de diciembre de 1989. Blasco —casado con Consuelo Ciscar, directora del IVAM y hermana del exsecretario de organización del PSOE, Ciprià Ciscar— y otras cinco personas acabaron sentándose en el banquillo de los acusados del TSJCV en una causa por presunta corrupción. El tribunal, sin embargo, absolvió en julio de 1991 a todos los acusados. En la sentencia absolutoria fue clave la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV de anular las grabaciones al entender que la forma en que un juez ordenó pinchar los teléfonos de la conselleria vulneraba los derechos de los ciudadanos. Sin cintas, que eran la principal prueba, el caso se vino abajo. Un año antes —el 18 de mayo de 1990— el juez instructor, Juan Climent, había validado las grabaciones y rechazado los recursos que le plantearon las defensas, entre ellos, Javier Boix, el abogado que defendió a Camps en el juicio de los trajes Gürtel. Boix fue también el letrado de los acusados en el caso Naseiro —sobre la presunta financiación irregular del PP— y, como en el asunto de Blasco, logró que el Supremo invalidara la grabaciones en julio de 1992. El Supremo ratificó las absoluciones por el «caso Blasco» en 1993.

Las circunstancias de aquella absolución, motivada por la anulación de las pruebas, siempre han pesado sobre la carrera de Blasco, aunque no le han afectado en su trayectoria ascendente en el PPCV. Ahora, casi 23 años después, el portavoz popular en las Corts se ve de nuevo involucrado personalmente en otro proceso judicial, el del fraude en las ayudas a la Cooperación durante su etapa como conseller de Solidaridad. La juez instructora ha apreciado posibles hechos delictivos en su actuación e iniciado la vía para su imputación judicial a través del TSJCV.

De confirmarse la imputación, supondrá su defenestración definitiva como portavoz. «Dicen que es como los gatos, que tienen siete vidas pero ésta ya es la última que tenía», ha augurado la diputada de Compromís Mireia Mollà. Habrá que verlo porque Blasco ya se ha reinventado otras veces. Tras su absolución en 1991, el escurridizo «Roger Rabbit», como le apodaba la trama de ONG según la policía, exploró a partir de 1993 la Convergencia Valenciana, un intento de fusionar el regionalismo de UV con el nacionalismo fusteriano. El fracaso lo puso en el camino de Zaplana, quien lo fichó para Presidencia. Fue el arquitecto de la estrategia para fagocitar UV y abrir la puerta de las mayorías absolutas del PPCV. En 1999 vuelve al Consell como titular de Empleo. Y así ha seguido durante doce años (hasta los comicios de 2011) con tres presidentes del PP (Zaplana, Olivas y Camps). En Territorio incluso volvió a gestionar el Urbanismo en 2003, catorce años después del caso Blasco. En total, ha sido siete veces consellers con cuatro presidentes y dos partidos.

Nacido en Alzira hace 67 años, doctor en Derecho, diplomado en urbanismo y experto en Programación económico financiera, su gestión en los ejecutivos populares ha estado plagada de sobresaltos, desde la adjudicación de los geriátricos, el caso Lonerson, las empresas mixtas de Urbanismo o la operación PSD-Favcova, pero ninguno le había salpicado judicialmente. Hasta ahora.