Las cuentas de las comunidades, entre ellas las de la Generalitat, han disparado las alarmas en los organismos internacionales, en un momento en que España se asoma al abismo ante la desconfianza de los mercados y las dudas sobre el déficit. De un lado, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que hace días analizó la situación de España se desplazó también a la C. Valenciana y a Andalucía, dos de las regiones que en los últimos meses se han situado en el punto de mira por su complicada situación fiscal. Los expertos del FMI se reunieron en Hacienda con responsables de la conselleria para abordar las perspectivas económicas de la C. Valenciana y examinar el Plan de Reequilibrio, los presupuestos y la situación de las cuentas autonómicas. De otro, una delegación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo viajará la próxima semana a España para visitar proyectos financiados con fondos europeos en Madrid y Valencia y comprobar si el dinero del contribuyente se ha gastado «de manera eficiente, efectiva y de acuerdo con la legislación».

En el caso de los inspectores del FMI, la misión del organismo que preside Christine Lagarde, integrada por analistas y técnicos en política fiscal y monetaria, se entrevistó también con responsables de otras instituciones públicas y privadas, financieras y con empresas. El objetivo fue conocer de primera mano la situación de la C. Valenciana, sus fortalezas y debilidades, así como las tensiones de liquidez. Fuentes del Consell confirmaron el encuentro aunque indicaron que forma parte de las visitas «ordinarias» del FMI de cara al informe sobre España. Recordaron que el año pasado se desplazaron a Cataluña.

Pero la elección de Valencia no parece casual. La C. Valenciana, que hace semanas se vio obligada a financiarse a corto plazo al 7%, tiene enormes dificultades para colocar su deuda, calificada al nivel de bono basura. A finales de año necesitó ayuda del Gobierno para atender vencimientos. Más recientemente, concentró la mitad de la desviación del déficit de las regiones por las facturas en los cajones.

En cuanto a los enviados de Bruselas, la delegación está formada por 9 eurodiputados, entre ellos, cuatro españoles, Eva Ortiz y Salvador Garriga, del PPE, e Inés Ayala y Josefa Andrés, del grupo socialista. Ortiz y Andrés han sido diputadas en las Corts. Presidida por el británico Derek Vaughan, su objetivo es «ver de cerca proyectos financiados por la UE y verificar cómo se gasta el presupuesto comunitario asignado, en qué grado se cumplen los objetivos enunciados y si los programas de la UE son rentables». Aunque según la Oficina del Parlamento Europeo en España la visita tiene un carácter rutinario, se produce en un contexto de máxima preocupación por las cuentas autonómicas. «Son viajes —destaca la OPE— concebidos para asegurar que el dinero del contribuyente se gasta de manera eficiente, efectiva y de acuerdo con la legislación vigente». Según la CE, en España un número «limitado» de programas financiados con fondos estructurales «contribuyeron a tres cuartas partes de los errores detectados por el Tribunal de Cuentas», y las comunidades autónomas «más problemáticas» fueron Andalucía, C. Valenciana y Castilla-La Mancha.

Análisis del AVE Madrid-Valencia

De ahí que la delegación quiera reunirse en España, los días 19, 20 y 21, con representantes de sus respectivos gobiernos, «para conocer sus experiencias en la gestión de los fondos de la UE y debatir las posibles debilidades o dificultades del sistema de gestión y control, ya que son ellos los que lo experimentan cada día y pueden tener sugerencias para mejorarlo».

Entre otros proyectos cofinanciados por la UE, los eurodiputados visitarán el 20 de junio el AVE Madrid-Valencia, el «proyecto Biocar» del Instituto Tecnológico de Energía y el proyecto de descontaminación de una planta química en el río Turia, ambos en Valencia. Hay previstas entrevistas con el secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo; con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, el miércoles 20 de junio, y con representantes de Andalucía y Castilla-La Mancha. Además, están previstos encuentros con altos cargos de los ministerios de Hacienda, de Fomento y de Empleo.

«Sin hispanobonos, el sistema es inviable»

El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, advirtió ayer que en caso de que no se solucionen los problemas de liquidez de la administración pública, el sistema actual «no tendrá viabilidad». Y dejó clara cuál es la vía: Los hispanobonos, o como vaya a denominarse la figura que plantee el Gobierno central, son «la solución» para la Generalitat. «Yo creo que esta situación tiene solución», defendió, no obstante, el conseller, aunque avisó, lapidario: «Estamos en un punto en el que hay solución o no la hay». «No me creo que el sistema no tenga viabilidad», matizó.