Hasta la segunda quincena de julio. Ese es el tiempo límite que se han marcado los trabajadores de los centros sociales de atención a discapacitados de la Comunitat Valenciana para seguir llevando a cabo su labor «gratis». Si a partir del 15 del mes que viene la Generalitat no les ha ingresado lo que les corresponde para poder pagar las nóminas que llevan más de cinco meses sin recibir y a los proveedores, que ya no fían, los trabajadores aseguran que no podrán continuar manteniendo los centros abiertos.

«La situación es insostenible, hay algunos trabajadores que no tienen ni para el transporte que les lleva al centro asistencial», explica Neus Carrasco, portavoz de Comisiones Obreras (CC OO) de este sector. Los impagos se han unido a los recortes, y entre unos y otros y los bancos que tampoco conceden más créditos porque no creen que vayan a hacer caja pronto, los asalariados de estos centros llevan más de cinco meses sin cobrar. «La semana pasada nos reunimos con la Directora General de Personas con Discapacidad, Pilar Collado, quien nos dijo que no nos podía asegurar cuándo íbamos a cobrar. No nos dan una fecha, así no podemos estar», lamenta Carrasco.

Más de 4.000 afectados

El conflicto afecta a cerca de 4.000 dependientes de toda la Comunitat Valenciana, repartidos entre más de cien centros de día, residencias, centros de ocupación, centros de atención temprana, viviendas tuteladas y centros de enfermos mentales. Todos ellos son privados, creados por asociaciones sin ánimo de lucro que nacieron hace décadas para hacerse cargo de sus enfermos. Ahora, la mayoría de estas entidades, colectivos y ONG subsisten gracias a subvenciones, aunque otras mantienen un concierto con la Generalitat. Ambos, concertados y subvencionados, tendrían que haber cobrado el 60% del presupuesto de 2012 hace meses. Los primeros en febrero, los segundos en abril.

Ante este panorama de incertidumbre, a los trabajadores no les queda otra que manifestarse. Llevan todo el mes haciéndolo de manera puntual en distintas localidades como Elx, Ibi o Valencia, pero el próximo día 6 de julio una protesta reunirá a todos (sindicatos, patronales, entidades y familiares) en el centro de Valencia para recordar a la conselleria de Bienestar Social que continúan esperando.

«De momento no ha afectado directamente a los enfermos. Los usuarios continúan recibiendo la atención como siempre, pero el ambiente se resiente. Es difícil trabajar así», apostilló la portavoz sindical. La denuncia llega un día después de que una manifestación a favor de los derechos sociales recorriera el centro del cap i casal y lanzara otro grito de alerta: «si no se soluciona y no se da estabilidad a este sector, no podremos mantener nuestra actividad y todos los dependientes sufrirán las consecuencias».

Una situación llevada al límite

Los apuros económicos que ahogan a estas asociaciones sin ánimo de lucro y que está llegando a límites insospechados, como que un proveedor de alimentos se niegue a fiar más productos a un centro de la provincia de Valencia, llevan tiempo arrastrándose.

En enero, la Asociación Empresarial de Residencias de la Tercera Edad (Aerte) denunciaba el impago de trece millones de euros del ejercicio anterior, que consagró el abandono y desamparo de los tutelados del Consell. A finales del 2011 ya se alertó de la precariedad de este sector. Las diferentes asociaciones señalaron que peligraba el suministro de agua y luz al no poder hacer frente a las facturas.

En la última manifestación por los servicios sociales, que tuvo lugar en abril, los organizadores revelaron que más de 20.000 valencianos fallecieron esperando recibir su prestación por encontrarse en situación de dependencia.

400.000 euros para mayores dependientes

La Conselleria de Justicia y Bienestar Social ha destinado más de 423.500 euros para el Bono Respiro residencial durante el año 2012, un sistema de ayudas para financiar estancias de carácter temporal en residencias para personas mayores dependientes, según informaron desde la Generalitat. El secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, explicó que el programa «está diseñado para aquellas situaciones en las que personas mayores dependientes necesiten la atención en un centro especializado que sustituya los cuidados que de forma habitual reciben en el ámbito familiar». El año pasado este recurso benefició a 500 personas y se utilizó en las tres modalidades que contempla, mensual, de fin de semana o diario. e. press valencia