El Plan de Pago a Proveedores, financiado con créditos del ICO a diez años, será un bálsamo financiero para el Consell y sus miles de acreedores pero tendrá una grave contrapartida: La C. Valenciana pasará a ser de nuevo la más endeudada de España en términos de Producto Interior Bruto (PIB). El dato lo dio ayer en las Corts el portavoz socialista en materia de Hacienda, Julián López, durante el debate de la convalidación del decreto ley del Consell que modifica los presupuestos autonómicos para habilitar legalmente al Ejecutivo a endeudarse con el fin de acogerse al citado plan de pagos. Los 4.355 millones solicitados por el Consell —el 25% del total para todas las autonomías— dispararán el endeudamiento actual hasta los 25.187 millones, el 24,4% del PIB valenciano, por delante de Castilla-La Mancha (24,3%), Cataluña (22,0%) y Baleares (19,8%), mientras que Madrid (9,4%), Canarias (9,7%) y País Vasco (10,2%) serán las que menos lastre soportan. La media autonómica es del 15,1%.

Hace quince días, los últimos datos ofrecidos por el Banco de España referidos a 31 de marzo situaban a la Generalitat en el segundo puesto, ya que el peso de la deuda sobre la riqueza generada por la C. Valenciana era del 20,2%, por detrás de Cataluña (21,0%), y por delante de Baleares (16,7%) y de Castilla-La Mancha (16,6%). La media era del 13,5%. Los nuevos datos cambian el escenario. Si además se incluye el endeudamiento de las empresas públicas que no computa como Administración, el peso de la deuda valenciana asciende hasta el 26,03% del PIB y 26.848 millones. Seguiría igualmente la primera, por encima de Castilla-La Mancha (25,3%) y de Cataluña (25,2%).

En cifras absolutas, la C. Valenciana continuará ocupando la segunda plaza en un ránking encabezado por Cataluña (44.020 millones), seguido del Consell (los citados 25.187 millones), Andalucía (18.073) y Madrid (17.835).

Ayer, el pleno convalidó el decreto ley del Ejecutivo con los votos del PP y la abstención de la oposición, que eludió el «no» para evitar obstruir el pago a los proveedores que conlleva la medida. Los populares rechazaron tramitar el decreto como proyecto de ley, lo que habría permitido introducir enmiendas para dar «transparencia» al proceso, según la oposición.

El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, expresó su agradecimiento al Gobierno por haber puesto en marcha «un mecanismo tan necesario para la economía en un momento como el actual», con «restricciones de liquidez» en todas las administraciones. La oposición reprochó al Gobierno de Fabra que haya tenido «ahogados» a los proveedores y haya obligado a cerrar muchas empresas.

70.000 millones de lastre futuro

El diputado del PP Ricardo Costa, en nombre de su grupo, pidió «perdón» a los proveedores que «han tardado en cobrar», aunque también exigió a los socialistas que se disculpen «por ocho años de asfixia económica financiera». El socialista Julián López dio dos datos preocupantes: El Plan de Pagos a Proveedores comportará el desembolso de 735 millones de intereses sólo en los tres primeros años y advirtió que los compromisos de pago con cargo a ejercicios futuros de la Generalitat superarán los 70.000 millones. El dinero del ICO habrá que devolverlo a 10 años. A partir del tercero, habrá que ir amortizándolo. «Tendremos una ´conselleria de la deuda´ y menos dinero para otras políticas, pero no hay otra opción», se resignó un alto cargo.