Diez diputados del PP, casi uno de cada cinco en el grupo popular de las Corts, están imputados judicialmente en casos de presunta corrupción por el TSJ valenciano (el máximo órgano judicial en la C. Valenciana) o un juez ha reclamado al TSJCV su imputación. El grupo más numeroso es el de los afectados por la pieza del caso Gürtel sobre la supuesta financiación ilegal del PPCV. Hasta seis parlamentarios populares podrían acabar sentándose en el banquillo si el asunto sigue adelante. Se trata del exsecretario general del PPCV Ricardo Costa; del exvicesecretario y portavoz adjunto en las Corts, David Serra; de la exconsellera de Turismo y secretaria primera de la Cámara, Angélica Such; de la extitular también de Turismo, expresidenta del Parlamento y alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez; del exvicepresidente del Consell Vicente Rambla; y de la extesorera de los populares Yolanda García.
A estos hay añadir al exalcalde de Torrevieja, procesado por supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental, vinculados a la adjudicación de la contrata de la basura del municipio en contra de los informes de los técnicos. El TSJ ha acordado la apertura de juicio y le ha impuesto una fianza de 56.000 euros por la posible responsabilidad civil en caso de una condena.
A estos siete imputados hay que añadir otros tres sobre los que un juez ha solicitado su imputación al TSJ, el único tribunal que puede hacerlo según el Estatuto de Autonomía, que blinda su aforamiento en este órgano judicial. Son el síndic en las Corts y exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, del que la juez que instruye el caso cree que se quedó dinero del Tercer Mundo y, desde ayer, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, por el caso Brugal.
La lista de diputados involucrados en asuntos es aún más amplia. La alcaldesa de Ibi, Maite Parra, está siendo investigada por un juez para verificar si tenía cuentas en Suiza, mientras Francisco Camps -declarado no culpable en el caso de los trajes- podría verse afectado por el caso Nóos y salpicado por la causa de la financiación del PPCV si ésta siguiera adelante.
