El juez que investiga las supuestas irregularidades del Plan General de Alicante pidió ayer al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad la imputación de la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y de su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi. El magistrado Manrique Tejada ve indicios en la actuación de ambos de los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho por facilitar datos secretos sobre la tramitación del planeamiento urbanístico de Alicante al empresario Enrique Ortiz, también imputado en esta causa, a cambio de regalos. Al empresario, el juez le imputa los delitos de tráfico de influencias, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada.
El juez argumenta en la exposición razonada de motivos que ayer mismo envió al TSJ que no puede seguir investigando dada la condición de aforados de Alperi y Castedo, al ser diputados autonómicos y tener condición de aforados, por lo que corresponde al máximo órgano judicial de la Comunidad continuar con la instrucción judicial de la causa.
Con este trámite, el juzgado de Instrucción número cinco de Alicante se inhibió ayer de una causa que recibió hace casi dos años como pieza separada del llamado caso Brugal. Durante este tiempo, el listado de imputados por las presuntas irregularidades del PGOU de Alicante ha ascendido a 16 (18 si finalmente el TSJ decide imputar a Castedo y a Alperi). Sin embargo, el juez plantea en su escrito que procedería el archivo de la causa para diez de ellos, entre los que se encuentran los directivos de la CAM y Bancaja imputados, al considerar, de lo investigado hasta ahora, que de sus actuaciones no se desprenden indicios de delito.
Además de para Castedo y para Alperi, si así lo decide el TSJ, el proceso seguiría adelante para el empresario Enrique Ortiz y su esposa, Manuela Carratalá; para el redactor del PGOU Jesús Quesada; para los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, (hermano este último de la alcaldesa) por redactar alegaciones al plan que ellos mismos resolvían; y para el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda, por usar el despacho de abogados de estos dos últimos para lograr que se cambiara un plan donde tenía suelo.
La exposición razonada del juez Manrique Tejada argumenta que las intervenciones telefónicas del caso apuntan a que el empresario Enrique Ortiz pudo recibir de los dos políticos planos y datos sobre el futuro planeamiento urbanístico de Alicante. Los hechos se remontan a la revisión del PGOU de Alicante iniciada en 2008, cuando Sonia Castedo era concejala de Urbanismo, y que el Ayuntamiento adjudicó a la empresa Laboratorio de Proyectos del arquitecto Jesús Quesada. El promotor Enrique Ortiz tenía el teléfono intervenido por el caso Brugal, que investigaba supuestas irregularidades en la ubicación del vertedero de la Vega Baja.
Estos pinchazos revelaron que el empresario estaría recibiendo información privilegiada del planeamiento de Alicante cuando éste aún no había salido a exposición pública. Según las conclusiones a las que ha llegado el juez, Ortiz trataba de acaparar suelo protegido en zonas que iban a pasar a ser parques naturales con el nuevo PGOU a fin conseguir luego permutar los terrenos por otros en otros puntos de la ciudad en los que se podrá construir. Los futuros parques naturales donde el empresario buscaba suelo son Fontcalent, Agua Amarga y Lomas del Garbinet mientras que las zonas donde el empresario buscaba mayor edificabilidad son Torres de la Huerta, el entorno del estadio Rico Pérez y el llamado APA9 en Vistahermosa, según el auto.
El magistrado incide en que antes de que el equipo redactor entregara el PGOU al Ayuntamiento, y cinco meses antes de que el documento se hiciera público, el empresario mantuvo una reunión en la Gerencia de Urbanismo con Jesús Quesada y con Castedo, encuentro que fue vigilado por la Policía cuando investigaba al empresario.
Viajes a Andorra y un coche, entre los regalos de la alcaldesa
El magistrado dice que de las investigaciones se desprende que la actual alcaldesa de Alicante habría podido recibir regalos del empresario Enrique Ortiz, como viajes a Andorra, ropa y un coche. El auto incide en que aunque por el viaje a Andorra se pagaron 2.672 euros en metálico en el mismo hotel y fechas en las que estuvieron Ortiz y su mujer, sin que ni la alcaldesa ni su marido hubieran sacado dinero de sus cuentas que acrediten este pago. Del mismo modo, en cuanto el coche que supuestamente se regaló a una allegada y asesora de Castedo, Julia Castelló, que declaró en su día que el coche lo había pagado ella a Ortiz, operación que aparecía en la contabilidad de Cívica. El magistrado subraya el hecho de que la empresa de Ortiz contabilizara la venta del coche y lo declarara a Hacienda y sin embargo, nunca se incluyera cuándo se adquirió. El auto judicial no detalla las supuestas dádivas recibidas por Díaz Alperi y se remite al informe de la policía. Entre ellas se encuentra un viaje a Creta en jet privado y el pago de la cuota de constitución de la empresa del hijo del exalcalde. J. A. M.
