La expulsión del grupo popular de los diez diputados bajo sospecha —siete imputados y otros tres en puertas, después de que dos jueces lo hayan solicitado al TSJ valenciano— no sólo acarrearía un problema político al PPCV, ya que perdería la mayoría absoluta en las Corts, sino también de índole económico. Los populares se verían privados de un buen bocado en las subvenciones para funcionamiento que otorga la Cámara a los grupos. Nada menos que 190.621 euros anuales dejaría de ingresar la formación popular como consecuencia de una eventual expulsión, que convertiría a los afectados directamente en diputados no adscritos, sin más derechos que los que el reglamento otorga a los diputados de a pie.

Un dato clave en momentos de restricción económica, también para los partidos. La Conselleria de Gobernación ya les ha informado que de la partida consignada para este año —1,7 millones— sólo podrán disponer del 25 %. Esta subvención, con la que cuentan los partidos para financiar gasto corriente, ya sufrió una importante reducción respecto a 2011 al pasar de 2,2 a 1, 7 millones. Las Corts, la gran fuente de ingresos, otorga a los grupos una subvención mensual fija, de 8.473,98 euros mensuales, y otra variable, en función del número de diputados, a razón de 1.588,51 euros por escaño. Las expulsiones costarían al PP 15.885 euros al mes, 190.621 al año. En cambio, no se vería afectada la subvención para personal, 62.494,01 euros al mes, ni para gasolina de los vehículos oficiales (3.000 al mes). En total, el PP ingresa 161.336,04 euros cada 30 días de las Corts, 1.936.032,48 euros al año. La sangría sería del 10%.

No sería la única consecuencia directa si el presidente Fabra aplicara a los diputados la misma vara de medir que a los cargos del Consell destituidos. La exclusión del grupo supondría automáticamente la pérdida del cargo en la Mesa de la Corts de la exconsellera Angélica Such, secretaria primera del Parlamento, así como lógicamente del síndic, Rafael Blasco, de confirmarse su imputación, y del portavoz adjunto David Serra. El resto, en su caso, tiene puestos en el grupo pero de carácter interno, no institucional.

El caso de Such es especial porque su destitución sería consecuencia del reglamento reformado en 2007, cuando el actual conseller de Gobernación, Serafín Castellano, era portavoz del grupo, y con el síndic en funciones, Rafael Maluenda, dirigiendo la modificación. Hasta entonces, la Mesa era prácticamente inamovible, ya que sólo se perdía el cargo por marcha voluntaria del grupo. Una medida para garantizar la independencia y contra el transfuguismo. De ahí que el expresidente de las Corts González Lizondo conservara el cargo tras su expulsión de UV. Pero con la reforma de 2007, la salida del grupo por cualquier causa supone la exclusión de la Mesa. Una vía que supone una moción de censura encubierta.

El «apaño» sobre EU y el director de RTVV

En contra de la idea extendida, en las Corts no puede existir grupo mixto. Fue una de las medidas del reglamento reformado unilateralmente por el PP en 2007. Los diputados que se van de su grupo o son expulsados pasan a ser no adscritos, sin apenas derechos, más allá de presentar preguntas escritas. Con todo, en la anterior legislatura se hizo un «apaño» para dar una solución a los tres diputados de EU expulsados por la suma de dos del Bloc y dos exEU, tras el fracaso del primer Compromís. Una resolución de Presidencia creó la «Agrupación de Diputados No Adscritos» (Adna), con turno en los debates y una especie de portavoz. No sería ahora el caso de los diputados populares, en caso de expulsión. Éstos, eso sí, podrían convertir su voto en oro. Para presentar una moción de censura hace falta la firma de la quinta parte de diputados, 20 escaños. Ahora mismo, sólo el PSPV (33) puede hacerlo. Pero diez expulsados más la suma de Compromís (6) y EU (5) también reunirían los requisitos. Los imputados más la oposición no sólo podrían cambiar al presidente; también podrían, con la reforma que tramita el PP, nombrar el consejo y el director de RTVV.