La implacable «tijera» de los recortes sociales y contra las duplicidades en la Administración no llega a determinadas moquetas con gran poder de influencia. La Generalitat, sus empresas y organismos soportan una millonaria factura por servicios privados de bufetes de abogados para la elaboración de documentos de naturaleza jurídica o para que les lleven litigios, a pesar de que ya cuenta con toda un área para ese cometido, la Abogacía General de la Generalitat, con un coste, según los presupuestos autonómicos para este ejercicio, de 7,1 millones de euros y una plantilla de 134 personas, de las que 80 pertenecen al cuerpo de letrados de la Generalitat. Son abogados de la Administración valenciana, con sueldos anuales que oscilan, según las responsabilidades, entre los 50.505 y los 45.395 euros, sin contar trienios. Tal como reveló Levante-EMV en su edición del domingo, el Consell ha firmado entre 2005 y 2011 un total de 91 contratos de asistencia jurídica y prestación de servicios profesionales sólo con el despacho dirigido por Manuel Broseta Dupré, hermano del actual número dos de la Conselleria de Economía, Bruno Broseta.
El desembolso en este periodo únicamente con este bufete ha sido de 2.427.521 euros. Pero este es solo una parte. El Consell admite que los pagos a Broseta Abogados suponen entre el 1% y el 1,5% del coste anual en contratación de «servicios profesionales independientes» por el sector público. Y ello pese a la estructura existente, con un gasto anual de 7,1 millones, de los que la casi totalidad, 6,8 millones, son sueldos; 269.000 euros, funcionamiento; y 28.000, compra de material informático.
La Abogacía de la Generalitat integra a dos altos cargos, la secretaria autonómica y Abogada General de la Generalitat, Cristina Macías, y el director general de la Abogacía, Emilio Torrejón. Por debajo hay 132 personas en nómina, 80 de ellas pertenecientes al cuerpo de letrados de la Generalitat. De éstas, 65 son abogados de la Generalitat —cuatro adscritos a Alicante, dos a Castelló y 59 a Valencia—, con plaza por concurso y sueldo anual de 45.395 euros. Además hay 12 «abogados-coordinadores», uno de ellos para Alicante y el resto, para Castelló, con una retribución de 50.505 euros, nombrados por libre designación. Por debajo del director general, hay un director del gabinete de Estudios, uno de Servicios Consultivos y otro de Servicios Contenciosos, con sueldo de 50.505 euros.
A partir de ahí, dentro de la Abogacía pero ya sin formar parte del cuerpo de letrados, hay un jefe del Servicio de lo Jurídico Administrativo y otro de lo Contencioso; cinco asesores jurídicos; tres jefes de unidad; 16 jefes de negociado; doce administrativos; un jefe de secretaría del director general; doce administrativos; un secretario de dirección; y 11 auxiliares de gestión.
Competencias limitadas
Desde el Ejecutivo se alegó que, «aunque parezcan muchos [los 80 abogados de la Generalitat], son insuficientes ya que hay miles de trámites y papeles para los que la legislación exige informe de la Abogacía». Otras fuentes señalaron que, por ley, la Abogacía sólo presta asistencia jurídica al Consell y representa a las conselleries y a las entidades de derecho público en los contenciosos administrativos. El resto de empresas públicas o fundaciones «tiene autonomía para contratar a quien quiera y, aunque alguna lo ha conveniado con la Abogacía, la mayoría recurrió a despachos». La política de austeridad y la reducción de organismos dejará «al mínimo» esta factura, aseguraron.
Agua y Progreso y la VIU también ficharon a Broseta
La Fundación Agua y Progreso y la de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) también recurrieron al despacho Broseta Abogados, que está dirigido por el hermano del número dos de la Conselleria de Economía, Bruno Broseta. El bufete, que está dirigido por Manuel Broseta, obtuvo contratos entre 2005 y 2011 con catorce agencias, entes, institutos y fundaciones vinculadas a la Generalitat Valenciana. Casi un tercio de los 91 contratos fueron con la empresa Ciegsa (Construcciones e Infraestructuras de la Generalitat). El despacho estuvo al frente de 29 encargos de asesoramiento para Ciegsa.
El bufete Broseta Abogados fue seleccionado asimismo para realizar contratos de asistencia jurídica y de prestación de servicios para la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), la Sociedad de Proyectos Temáticos, la empresa Circuito del Motor y Promoción Deportiva S.A., Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). En concreto, según recoge la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, el despacho recibió cuatro contratos para asesorar a Cacsa, tres para RTVV, uno para Proyectos Temáticos, uno para el Circuito del Motor y otro para el IVAM.
Uno de los socios del bufete de Broseta también obtuvo un contrato de asistencia jurídica y prestación de servicios con el ente Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva) entre 2007 y 2011. El importe del contrato con el Sepiva, que es una empresa vinculada a la Conselleria de Industria, es de 6.690 euros por año. El propio bufete Broseta Abogados ha logrado 18 contratos con el Sepiva, que se suman al obtenido por el otro socio del despacho. Además, la firma ha cobrado por 7 trabajos para el Instituto Valenciano de Finanzas, que también está en la órbita de la Conselleria de Economía y Hacienda.
Las empresas públicas y fundaciones de la Generalitat tienen autonomía para contratar los servicios de despachos de abogados privados. En los últimos años han apostado por los bufetes privados en vez de utilizar a los letrados del Consell, pero la situación, asegura el Ejecutivo, está a punto de cambiar por la política de austeridad del Consell.
