Julio Iglesias se ha ahorrado una noche de hotel o unos cuantos litros de queroseno de su avión privado y, en cualquier caso, más de un disgusto, gracias a la suspensión de su declaración judicial que estaba prevista para esta mañana a las diez en el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia. El juez Luis Carlos Presencia Rubio decidió anular ayer la citación al enterarse de que el artista testificó en Punta Cana (República Dominicana), donde el instructor había enviado una comisión rogatoria para que el cantante declarara como testigo y beneficiario de la firma y ejecución del contrato B con el IVEX. Una operación en tela de juicio desde hace siete años y medio por la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y delito fiscal.

«Esta mañana [por ayer] ha tenido conocimiento [el juez] de que el cantante Julio Iglesias declaró el pasado mes de mayo ante la autoridad judicial competente en la República Dominicana», explicó ayer un portavoz del juzgado para anunciar que se liberaba a Julio Iglesias del compromiso de sortear esta mañana a una nube de micrófonos y periodistas en la Ciudad de la Justicia de Valencia. El 28 de junio se produjo la comunicación del juez, a instancias de la acusación popular ejercida por el PSPV y del fiscal, a la policía para que entregara la citación al cantante aprovechando que actuaba en Valencia el 8 de julio. Sobre el papel, es al menos un mes posterior a la declaración de Julio Iglesias en República Dominicana. Resulta sorprendente que el instructor de la causa, que instó la comisión rogatoria, no tuviera constancia aún de la declaración del cantante en el país caribeño. «El juez queda a la espera de la recepción de la declaración realizada ante la justicia de la República Dominicana que, como establece la ley, será a través de las autoridades ministeriales españolas, no directamente de juzgado a juzgado», concluía la comunicación oficial del juzgado.

Declarar en Punta Cana resulta infinitamente más ventajoso que en Valencia. Es la diferencia entre un monólogo ante un juez que desconoce absolutamente la causa o un juez instructor, un letrado de la acusación popular y un fiscal. El instructor remite en estos casos preguntas, pero no cabe la repregunta, lo que jurídicamente se llama «interrogatorio con contradicción». El malestar entre las acusaciones es evidente. Ya lo fue en su día cuando el juez Luis Carlos Presencia Rubio decidió tomar declaración por exhorto al exdirector del IVEX José María Tabares en un juzgado de Sevilla. En aquella ocasión, las partes se desplazaron a la capital hispalense para participar en el interrogatorio.

Dos meses después de que, en julio de 2010, la Audiencia Provincial de Valencia decidió levantar el archivo del caso, el juez Presencia Rubio intentó que el cantante declarara en Miami, con el pretexto de que tiene una de sus residencias en la ciudad de la Florida. Entonces comunicó a las partes su intención y las conminó a remitirle las preguntas que desearan formularle. Como dando por hecho que no acudirían. En julio de 2010, la Audiencia de Valencia también ordenó al instructor citar a declarar a media docena de testigos más.

Siguen pendientes de ser llamados el exconseller de Industria Diego Such; el representante del artista, Luis Fernando Esteban o José Manuel Uncio, que era director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) cuando se firmaron los contratos. También se instó la declaración de los administradores de sociedades que facturaron, como la irlandesa Midway International —residentes en Islas del Canal—; la citada Gold Peak Trade Service o International Concerts.