Cabe preguntarse en qué ha fallado la política de prevención para que se haya llegado al extremo de unos incendios forestales incontrolables. No solo se ha perdido paisaje, generación de oxígeno, agua para los acuíferos, biodiversidad, sino también millones de euros en extinción, muchísimos puestos de trabajo potenciales que se hubiesen podido crear con una correcta política forestal, y lo más doloroso una vida humana que no tiene precio.

Reiteradamente, asociaciones profesionales y de propietarios forestales han hecho sus propuestas, ignoradas por los poderes públicos, para evitar lo ocurrido en los últimos días.

Así, la política forestal valenciana ha venido prohibiendo la roturación de antiguos cultivos abandonados, que suelen estar situados en vaguadas donde resulta más fácil la extinción de los incendios, que tienen accesos de antiguos caminos, y a menudo tienen fuentes de agua. Un error.

La ingeniería forestal ha desarrollado simuladores que anticipan el avance de los incendios y que es capaz de detectar zonas críticas de riesgo a partir de las que se multiplica la propagación de las llamas y que contribuyen a que el incendio no pueda ser controlado. Un ejemplo ilustrativo sería en bifurcaciones de barrancos. Son áreas que deben estar libres de vegetación. Servirán como zonas de autoprotección de los medios de extinción, y de anclaje para contrafuegos, que es en la mayoría de los casos la única forma de detener un incendio de tanta magnitud, que escapa a la capacidad de detenerlo con agua.

Medidas como estas deberían estar planificadas en todos los municipios, pero el Gobierno autonómico no incluye esta obligación. Subvencionó la redacción de estos planes a tan solo a una veintena de ayuntamientos y canceló las subvenciones en 2009 sin asignar dotación económica para la implementación de los redactados en años anteriores. Del mismo modo, las subvenciones a infraestructuras contra incendios forestales en montes privados fue cancelada ese mismo año.

Las urbanizaciones y casas en el monte, deberían tener infraestructuras de autoprotección contra el fuego, como ocurre desde hace años que en otras comunidades autónomas, donde la ley obliga a los propietarios.

Otra medida obvia es la reducción de combustible en el monte, que gestionado de una forma adecuada, se convierte en una fuente de energía que se comercializa en forma de pellets o astillas. Los millones de calorías quemadas en cuatro días, podían haber generado calefacción para los hogares durante años, a la vez que se generaban puestos de trabajo, y aumentaban la independencia energética exterior. Esta cadena de valor que está desarrollada en muchas otras regiones, no ha contado con la incentivación y el apoyo suficiente por parte de la política forestal valenciana.

Y también hace falta un apoyo al asociacionismo forestal de manera que se estructure el sector, y así seamos capaces de poner en el mercado de manera competitiva, eficiente, y continuada, biomasa para la producción energética. Lo cual debe materializarse en la asignación de concesiones plurianuales de aprovechamiento de los recursos forestales, que permita la consolidación de una red de empresas.

Existen en la ingeniería forestal las tecnologías adecuadas para la planificación a gran escala de los aprovechamientos de biomasa, aunque no se está haciendo uso de ella en nuestro país. Tan solo una parte ridícula de la superficie forestal tanto pública como privada tiene un plan de gestión vigente.

En todo caso, en ciertas zonas el combustible se deberá eliminar de manera controlada, extensiva y económica, y la mejor manera es hacerlo con quemas controladas, de noche, en invierno y bajo condiciones de viento nulo y humedad alta, para que la intensidad y propagación del fuego sean mínimas y perfectamente controlables. De este modo desaparece el estrato arbustivo pero no el arbóreo. Son técnicas aplicadas en otras regiones e ignoradas aquí por la impopularidad que suponen, que no es más que falta de información a la sociedad.

Los incendios forestales en condiciones meteorológicas adversas van a continuar con costes de extinción desorbitados y pérdidas económicas millonarias. Una inversión adecuada en prevención debería suponer al menos el gasto de extinción de estos macroincendios, ponderado por el número de años de su recurrencia. Falta voluntad política para desarrollar una correcta política forestal con medidas de prevención y de preextinción que cree empleos en una cadena de sector organizado y estable, y no con promesas populistas de puestos de trabajo temporales para repoblación, muchas veces innecesaria. ¿Por qué no se hace si existen los conocimientos, las técnicas y los profesionales adecuados? ¡Que comience el debate!