Miembros de la Federación Empresarial de Entidades Titulares de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (FEAD) mantienen un encierro en su sede desde el domingo como "medida de presión" por los impagos de la Generalitat.
Son catorce las personas que ocupan las instalaciones de la FEAD y que aseguran que no se retirarán hasta que el Consell haya abonado los 16 millones de euros que les adeuda. Entre ellos se encuentran dirigentes, familiares del colectivo de discapacitados y trabajadores de los centros, que denunciaron que muchos de sus compañeros no han recibido el salario de los últimos cinco meses.
En un comunicado, la federación declaró que sus entidades se encuentran en la condición de "insolvencia generalizada" debido a la demora de los subsidios que deberían haber recibido a más tardar el pasado mes de abril. Además, convocó una concentración en el Palau de la Generalitat mañana a las 11 horas.
Desde la FEAD aseguraron que viven "una dinámica de retrasos en la subvención" pero que esta vez es "insostenible". Según indicaron, los encargados de los centros se han visto obligados a recurrir a créditos particulares de cuyos intereses se tendrán que hacer responsables. "Prácticamente, estamos financiando a la Generalitat", comentó uno de ellos.
En declaraciones a Levante-EMV, los encerrados explicaron que la demora en los pagos les ha impedido pagar a personal, proveedores y obligaciones legales como las cotizaciones sociales y el Impuesto sobre la renta.
Una cuestión de subsistencia
FEAD afirmó que si bien algunas instituciones han podido cobrar en las últimas semanas, la mayoría "ha recibido cero euros el 2012". Una empleada de una de las residencias que atiende a gente con discapacidad recordó que no solo se trata de los salarios de trabajadores y proveedores, sino que existen personas de este colectivo en situación de orfandad que dependen completamente de estas subvenciones. Por esta razón, los encerrados consideraron que su reclamo se trata de "una cuestión de subsistencia".
Por su parte, el portavoz del PSPV en las Corts, Antonio Torres, pidió que se apruebe una resolución que inste a la Generalitat a abonar esta deuda con el remanente de tesorería, que a 31 de mayo era de 83 millones de euros. Torres calificó la situación de "insólita" porque es la primera vez que se ha tardado tanto en pagar a entidades "especialmente vulnerables", que atienden a quienes "mayores necesidades tienen".
Desde Esquerra Unida, la diputada Esther López Barceló acusó al gobierno regional de "desidia absoluta". "Si la Conselleria de Bienestar Social permite que estos centros tengan que cerrar por los recortes, el conseller Cabré tendrá que dimitir", sentenció.
