El pleno del Consell ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (ya se la puede ir bautizando como la LOTUP) que pretende simplificar el marasmo legislativo del urbanismo valenciano del último sexenio. La consellera de Territorio, Isabel Bonig, cumple así el compromiso adquirido al mes de tomar posesión de su cargo,el 22 de agosto de 2011, tras una reunión con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en la que anunció «una simplificación de la legislación para ordenar el caos urbanístico y fijar unas reglas muy básicas y procedicimiento ágiles». Bonig anunció que presentaría el nuevo texto legal en «el verano de 2012, en junio o julio», por lo que la presentación del anteproyecto está en plazo.
La nueva normativa ha conseguido algo que parecía imposible: reducir a la mínima expresión los 1.183 artículos que sumaban el paquete legislativo de la etapa de Rafael Blasco al frente de la Conselleria Territorio. El urbanismo valenciano pasará a regularse por «sólo» 267 artículos que, en un futuro más o menos inmediato, se desarrollará con un reglamento posterior (que ya entrará al detalle de las especificaciones urbanísticas).
Cuando se apruebe la nueva LOTPU quedarán derogadas todas las leyes y reglamentos aprobados durante la etapa Blasco: la ley de ordenación del territorio y protección del paisaje (2004), la ley del suelo no urbanizable (2004), la ley urbanística valenciana (2005) y la ley reguladora de los campos de golf (2006), además del mastodóntico reglamento de ordenación, gestión territorial y urbanística (2006) y el del paisaje (2006).
La LOTPU también derogará una ley aprobada este año por la propia Bonig, la de actuaciones territoriales estratégicas, aunque se trata de una medida de coherencia ya que se integra en el nuevo texto legal en aras de la «economía legislativa» de la que ha carecido la Comunitat Valenciana en los últimos años. La reforma urbanística también se ha aprovechado para incorporar la ley de evaluación ambiental estratégica (2006) y la ley del suelo estatal (de 2007 con un texto refundido del 2008).
Precisamente del hilo de la ley de evaluación ambiental estratégica es del que va a servir la Conselleria de Territorio para iniciar una «revolución» en la tramitación urbanística valenciana. Se va a experimentar un cambio de mentalidad, dicen los expertos, como cuando se comenzaron a redactar y aprobar declaraciones de impacto ambiental (en España son obligatorias desde mediados de los 80).
La clave de todo el proceso urbanístico, a partir de ahora, estará en la fase preparatoria (que implica proyectos menos exhaustivos y detallados), que es donde se impondrán todas las condiciones o restricciones ambientales y urbanísticas. El esqueleto del suelo intocable se establecerá en la Infraestructura Verde (el suelo protegido de cada municipio que deberá estar conectado) y en los criterios de desarrollo sostenible que marca la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), en vigor desde 2011.
Será un nuevo sistema que fijará «las reglas claras desde el principio». Los planes generales se tramitarán en dos fases. «Una primera estructural y competencia de la Generalitat y una segunda pormenorizada donde la aprobación le corresponderá a las administraciones locales», según ha adelantado la consellera Isabel Bonig. Así que la Generalitat marcará las líneas maestras urbanísticas con una memoria ambiental «para dejar concluir la formulación del plan a los ayuntamientos».
Bonig es la primera consellera de tres que logra presentar un texto
A la tercera va la vencida. La consellera de Territorio es la primera que logra presentar un texto urbanístico adelgazado de los que tres que lo han intentado y un cuarto que lo engordó. La purga urbanística se vende desde que se aprobó la Ley Urbanística Valenciana (LUV) en diciembre de 2005 (aunque entró en vigor en febrero de 2006). Una disposición adicional de la LUV obligaba al Consell a aprobar un texto refundido de toda la legislación al año de la entrada en vigor de la LUV.
Pero en lugar e reducirse, las leyes no pararon de multiplicarse durante la etapa del conseller Rafael Blasco, quien impulsó su famoso «paquete legislativo» (cuatro leyes y dos reglamentos que suman 1.183 artículos de obligado cumplimiento. Todos los que le sucedieron intentaron adelgazarlo. Hasta Bonig ninguno lo había conseguido. José Ramón García Antón, fue el primero que se lo tomó en serio y encargó a tres pesos pesados del derecho administrativo un análisis sobre las contradicciones en las leyes y soluciones al caos. Juan Cotino inició un periodo de información pública y de consultas que no fructificó en un «lifting» urbanístico real
