Es la mayor empresa de España. Sobre el papel, garantiza el puesto de trabajo, pero no tiene compasión a la hora de apretar las tuercas a sus trabajadores. Los empleados públicos se han convertido, junto con los millones de personas que han perdido su trabajo, en los grandes perjudicados de esta crisis. Y expresiones como "chivo expiatorio" o "cabeza de turco" forman parte del lenguaje habitual de un colectivo que se siente como el pagano de una fiesta a la que no le invitaron en los años de vacas gordas.
Empleados de la función pública en sentido estricto, médicos, profesores, personal de juzgados, policías, militares... Todos los servidores públicos se han visto afectados. Los sucesivos tijeretazos decretados por el Gobierno central y por la Generalitat han supuesto un bocado para el poder adquisitivo de los funcionarios de entre el 25 % y el 40 %, según distintos cálculos.
Mayo de 2010, primer recorte
El primer mordisco llegó en mayo de 2010, con la recordada comparecencia de Zapatero en el Congreso que marcó el inicio de esta serie de recortes. Todas las nóminas públicas se reducían de media un 5 %. Y se congelaban a partir de 2011, con lo que la subida del IPC desde entonces también ha mermado su capacidad de consumo.
En enero de 2012, el Consell tomaba el testigo. Recorte del 25 % en la jornada y salario de los interinos de función pública. Con el agravante del despido durante los meses de verano en el caso de los docentes. La Generalitat también ha podado los salarios públicos por la vía de los complementos. En el sector educativo no se aplican nuevos sexenios y se reducen un 50 % los vigentes.
El mayor castigo lo ha sufrido el personal sanitario, con la reducción a la mitad de la carrera profesional, así como del desarrollo profesional para el personal no sanitario del sector. Para médicos y enfermeros, sólo este ajuste en los complementos ha supuesto -sin contar los decretados por el Gobierno- una reducción salarial del 12 % (los del grupo 4: de 45 años en adelante, la mayoría).
El último golpe ha sido la supresión para todos de la paga extra de navidad anunciada la pasada semana por Rajoy, que se estima en un 7 % de media sobre el salario anual. Una sucesión de recortes a la función pública que, sumados uno tras otro, genera una pérdida de entre el 25 % y el 40 % del poder adquisitivo.
Alfonso Puncel, miembro de Intersindical Valenciana, habla además de un recorte oculto, es decir, el que viene acumulado de años atrás, como los dos ejercicios de congelación salarial durante la primera legislatura de José María Aznar; o el caso de 2007, cuando el sueldo sólo creció un 2 %, mientras el IPC lo hizo un 4 %.
El IRPF e IVA también merman
A todo esto hay que sumar las medidas impositivas que, junto al resto de ciudadanos, también limitan la capacidad adquisitiva de los funcionarios. Como la subida del IRPF en 2012 (del 2 % para rentas entre 17.707 y 33.007 euros); o el nuevo incremento del IVA, del 8 % al 11 % en el tipo reducido (agua, alimentos elaborados, turismo, bares, transporte...) y del 18 al 21 % en el tramo general (luz, teléfono, tabaco, alcohol, ropa, peluquería, productos y servicios de ocio...).
A menor cotización, una jubilación más baja
Luis Lozano, secretario general de FSP-UGT, no esconde el enfado por el nuevo recorte a las nóminas públicas, que se suma a los de los últimos años. "Somos el chivo expiatorio. Cuando vivimos en vacas gordas para el resto, los funcionarios seguimos en torno al IPC en la subida salarial. Y como somos de los pocos a los que controlan la declaración de Hacienda, nos recortan", lamenta. Alfonso Puncel, de Intersindical, añade: "No sabemos ni dónde quieren llegar ni dónde está el final de la presión al funcionariado". Puncel se refiere también a la pérdida de capacidad económica para el futuro: "Si te reducen el salario baja tu aportación a la seguridad social y tendrás una jubilación menor". Y apunta al impacto negativo sobre la economía con medidas como la supresión de la extra de Navidad, que supondrá la salida del mercado de 4.000 millones en diciembre.
