El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha anunciado hoy que el 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, y el 19 de marzo, día de San José y día grande de las fallas, pasarán a ser lunes festivos, una medida que supondrá un impacto económico de 786 millones de euros.

El 9 d'Octubre cae este año en martes, al igual que el 19 de marzo de 2013. Fabra ha instado también a todas las entidades locales a que hagan lo mismo con sus fiestas locales y ha señalado el lunes de Pascua será inamovible como fiesta propia.

El jefe del Consell ha hecho este anuncio en la Noche de la Economía Alicantina, en la que se ha entregado la medalla de oro y brillantes de la Cámara de Comercio de Alicante a Francisco Gómez Andreu, del Grupo Marjal, por su labor al frente de una empresa de construcción que da trabajo directo a 200 personas.

El objetivo de esas medidas anunciadas es incentivar la actividad comercial y mejorar la productividad, según ha explicado el president, para quien la situación actual exige el compromiso de todos.

"Necesitamos que la sociedad recupere su protagonismo", ha subrayado Fabra, quien ha recortado que desde el Consell están "suprimiendo las trabas burocráticas y facilitando que todas las iniciativas empresariales tengan su oportunidad".

También ha asegurado que la Generalitat está "reformando la Administración para que ésta sea más sostenible, más racional, más ligera, más transparente, más accesible y, en definitiva, más moderna, adaptada a las nuevas exigencias de la sociedad".

"Las administraciones hemos seguido vuestro ejemplo, el de los empresarios", porque "en épocas difíciles hay que reinventarse para salir adelante", ha subrayado Fabra ante los asistentes al acto.

Por ello, "hemos iniciado un profundo proceso de reorganización y reestructuración de todo el sector público para ser más austeros, sin dejar de atender las necesidades de los ciudadanos, porque para nosotros lo primero son las personas y garantizarles los servicios básicos", ha manifestado.

El president se ha referido, además, a las medidas del Consell para cumplir con el objetivo de déficit público, entre las que se encuentran el Plan de reequilibrio financiero y presupuestario, la integración de las oficinas del IVEX en la red del Gobierno de España para aunar esfuerzos y maximizar eficacia, y la aprobación de una Ley de apoyo a los emprendedores y pymes.

Fabra ha trasladado que hay que dar soluciones a la nueva realidad, porque "ni tenemos los mismos recursos ni podemos mantener las mismas prioridades", pero ha asegurado que no va a renunciar a las inversiones que pueden hacer más productiva esta provincia y la Comunitat.

Por ello, se ha comprometido a trabajar para que el AVE a Alicante y el Corredor Mediterráneo sea una realidad cuanto antes y así mantener como sectores productivos líderes en España a los alicantinos del calzado, el mármol, el juguete o el agroalimentario, para lo que exige una solidaridad hídrica.

Fabra ha resaltado que Alicante es la quinta provincia española con mayor crecimiento gracias a la sociedad alicantina y al esfuerzo inversor de la Generalitat.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós, se ha referido en su intervención a las últimas medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno central y las ha calificado como "las más difíciles de la historia".

"Está por ver si son eficientes", ha añadido Garrigós, al tiempo que ha ahondado en la idea de qué hubiese ocurrido "si se hubieran tomado antes".

También ha aludido a la nueva reforma laboral, de la que ha dicho que los empresarios demandaban hace tiempo y que "habrá que retocar si se queda corta".

El presidente de la entidad cameral ha insistido en la idea de que los empresarios no paguen el IVA hasta que no hayan cobrado de las administraciones públicas el trabajo realizado o que se compense esa deuda con "el impago de parte de los impuestos".

"No se puede vivir en una ciudad donde los que deben dar ejemplo no pagan", ha expuesto. Por ello, ha planteado la propuesta de llegar a cesar a un político o a que se intervenga una administración que no cumpla con los pagos.

Sobre la subida del IVA, Garrigós ha estimado que tendrá "un impacto demoledor para las empresas". Por otra parte, ha abogado por la iniciativa privada para el ahorro público y ha ofrecido su apoyo al president.

"Todo lo que se pueda reducir en inversión de la administración evitará recortes, principalmente en educación y sanidad, los dos pilares básicos de nuestro Estado de Bienestar", ha apuntado.