La Generalitat se apresuró el viernes a solicitar formalmente al Gobierno su adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Una petición que cogió por sorpresa al propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que contribuyó a disparar la alarma sobre la situación financiera de España, aupando la prima de riesgo por encima de los 600 puntos. Pero las prisas del Consell se explican por la asfixia financiera del Ejecutivo autonómico que, descontando el Plan de Pago a Proveedores, acumulaba ya, transcurridos los primeros cinco meses del ejercicio, un volumen de impagados cercano a los 3.000 millones, entre las deudas pendientes del ejercicio y las que se arrastran de años anteriores. Así lo pone de relieve el informe de ejecución del presupuesto de 2012 a 31 de mayo remitido a las Corts por la Conselleria de Hacienda y que evidencia la falta de liquidez que ha llevado a acudir al fondo de rescate del Gobierno.

Del total de impagados a 31 de mayo, 1.551 millones corresponden al presupuesto de 2012 y otros más de 1.300, a compromisos de años anteriores. En realidad, el montante de deudas pendientes de ejercicios cerrados era muy superior, 2.434 millones, pero a finales de junio —con posterioridad a la información trasladada las Corts— el Consell abonó 4.300 millones a los proveedores con cargo al Plan del ICO, un préstamo del Gobierno que habrá que devolver en diez años. Este plan, sin embargo, sólo cubrió, además de 1.800 millones de facturas en los cajones, deudas con cargo al capítulo dos de gastos de funcionamiento y al seis de inversiones, que acumulaban al cierre de mayo un saldo de 745 y 383 millones, respectivamente. Suponiendo que el Consell endosara al Plan de Proveedores todas estas facturas aún le quedarían 1.300 millones pendientes de años anteriores a 2012, la casi totalidad subvenciones corrientes y para inversión (transferencias a colectivos de todo tipo, como farmacéuticos, particulares y otros organismos, o convenios con ayuntamientos).

En concreto, el Consell tenía pendientes 444,6 millones en transferencias corrientes —el 55% del gasto reconocido— y 731 en subvenciones de capital —el 82% sin pagar—, entre otros. No extraña, pues, que la Generalitat justificara su petición de adhesión al fondo de rescate para cubrir los vencimientos de deuda entre julio y diciembre, 2.883 millones según el Plan de Reequilibrio, y algo más para saldar deudas con los proveedores no cubiertas por el Plan del ICO.

La ejecución del presupuesto de 2012 en los cinco primeros meses ofrece un panorama de baja realización en los capítulos de gestión y, lo que es peor, muy baja en los pagos. De los 1.551 millones pendientes de abonar a finales de mayo, la mayoría era capítulo dos de compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento. En cinco meses, el Ejecutivo de Alberto Fabra contrajo obligaciones por 879 millones en funcionamiento, el 35% de lo presupuestado, pero sólo había pagado el 37%, 326 millones, quedando por abonar 553 millones, el 62,9%. Peor es la situación de las inversiones: Se ha ejecutado sólo 24,5%, 233 millones, pero únicamente se han abonado 28,7, el 12,3%, quedando pendiente el restante 87,7% (204,).

En cuanto a las subvenciones de capital, se han asumido gastos por 381 millones —el 34% de lo presupuestado— pero se han pagado 99,6; falta por abonar el 73,9% (282 millones). Las subvenciones corrientes muestran unas obligaciones reconocidas de 1.412,7 millones, el 40,9% de lo previsto, de los que se han desembolsado a los beneficiarios 977, quedando el 30,8% por desembolsar (435 millones de euros).

578 millones al mes para funcionar

Por contra, las nóminas y la deuda se ejecutan, al menos hasta la fecha, como un reloj. A 31 de mayo se reconocieron obligaciones por 1.836 millones en el capítulo uno de personal, de los que se pagaron 1.821, el 99,2%. El Consell gasta al mes 367,2 millones en nóminas. En cuanto al pago de intereses de la deuda, se asumieron 449,7 millones, de los que se abonaron 443, el 98,5%. La mensualidad sale a 90 millones, 3 al día. Cuando aún no se ha llegado ni al ecuador del ejercicio, este capítulo se ha desbordado al consumirse el 77% de la dotación que se previó para todo el año.

Además, el Ejecutivo amortizó 66,8 millones de endeudamiento, del que pagó el 100%. Si tenemos en cuenta los 879 millones en gastos de funcionamiento, el resultado es que, para abrir la persiana, las conselleries necesitan, entre nóminas, funcionamiento, 543 millones todos los meses para levantar la persiana.

Déficit del 0,2% que llegaría al 0,9

En grandes cifras, el Consell gastó en cinco meses 5.326 millones e ingresó 5.047. Si se atiende sólo a los capítulos no financieros —del uno al siete, sin incluir el servicio de la deuda—, el resultado es un déficit no financiero de 216 millones, un 0,2% del PIB valenciano. Esta cifra, al igual que sucedió con los datos del primer trimestre, es engañosa, ya que incluye el adelanto de unos fondos que el Gobierno transfería a las comunidades en julio. En el primer trimestre, la C. Valenciana registró «déficit cero» pero, sin tener en cuenta este anticipo, los números rojos eran del 0,70% del PIB, lo que llevó al Ministerio de Hacienda a dudar del cumplimiento del objetivo del 1,5% para todo el año. Ahora, esas siete décimas (unos 700 millones) elevarían el déficit posible a 31 de mayo hasta unos 900 millones, en torno al 0,9% del PIB; por tanto, de nuevo fuera del objetivo.

Fabra niega más ajustes tras la «ayuda» del Gobierno

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, dijo ayer que no se impondrán nuevos ajustes por la petición de adhesión al fondo de liquidez autonómico, porque el compromiso es «no exceder el 1,5%» del déficit al final del ejercicio. Fabra insistió en que el compromiso «sigue siendo el mismo» pero el Gobierno quiere tener la seguridad de que no se superará ese objetivo de déficit. «No puede haber condiciones especiales porque el objetivo de déficit es lo que pide el Gobierno a todas las comunidades», dijo. «Desde el primer día les hemos dicho que no tenemos nada que ocultar, que el compromiso es que el 1,5% [de déficit] no se supere, y hemos ido tomando las medidas necesarias este año para que eso sea así», señaló Fabra. El presidente reiteró que no es cuestión de «nuevos ajustes» ni de que «unos quieran o no» acogerse a la fiscalización del Gobierno, sino que es lo que tienen que hacer todas las comunidades.

La tercera «Conselleria»

Se consume el 77% de la partida para intereses de todo el año

El Ejecutivo gastó en cinco meses el 77% de la partida destinada al pago de intereses de la deuda para todo el año, 449 de 584 millones. Fue la tercera «conselleria», solo superada por Sanidad (2.082 millones) y Educación (1.606), superando a otras como Justicia y Bienestar Social (403 millones), Infraestructuras (242), Turismo, Cultura y Deporte (84) o Agricultura (75,6 millones).