La tijera de los recortes también alcanzará a los organismos e instituciones reconocidos en el Estatuto de Autonomía, unos de carácter consultivo y otros de control de la Generalitat. Al menos, esa es la intención del presidente, Alberto Fabra. El jefe del Ejecutivo avanzó ayer que en el próximo debate de política general propondrá a los grupos parlamentarios de las Corts la "reestructuración y reducción" de órganos e instituciones estatutarias como la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura (CVC), la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y el Consejo Económico y Social (CES). El anuncio lo hizo en una comparecencia en el Monasterio de Santa María de la Valldigna en Simat -curiosamente, "símbolo de la grandeza del pueblo valenciano reconocido como nacionalidad histórica", tal como lo define el Estatuto- en la que, tras presidir el pleno del Consell, hizo un balance de su primer año al frente del Ejecutivo autonómico.

El titular de la Generalitat señaló en su intervención que "en aras de la austeridad y la sensibilidad hacia lo que piden los ciudadanos" planteará a los grupos la necesidad de "redefinir" esas entidades para "garantizar" su mantenimiento. No aclaró cuáles son sus planes, para lo que, al menos en cuanto a los cargos designados por las Corts, necesitará de la oposición, ya que la modificación de sus leyes reguladoras se blindó en el Estatuto con mayoría de tres quintos (60 diputados, frente a los 55 del PP). Otra cosa serían las plantillas. Ayer, preguntado por cuánta será la reducción de los organismos, manifestó que eso habrá que "negociarlo con el resto" de las fuerzas representadas en las Corts aunque también advirtió que "no cabe marcha atrás". "Las estructuras que hace unos años se podían mantener ahora se tienen que redefinir", sentenció.

"Sin perder fuerza en las señas de identidad tenemos que hacer un ajuste para garantizar su mantenimiento. Queremos seguir creyendo, todos juntos, en la necesidad de mantener instituciones estatutarias y, por eso, tenemos que ajustarlos, al igual que hemos hecho en el resto de la administración y con el esfuerzo en el sector público empresarial", argumentó. Fabra, quien hace dos semanas ya anunció que planteará en el debate de política general la reducción en el número de diputados de las Corts -unos 20, sobre 99- cumple así con una exigencia de Rajoy (que la incluyó en su plan de reformas a Bruselas), la de suprimir organismos autonómicos en el contexto de la lucha contra el déficit y los recortes. Él mismo enfatizó la necesidad de conseguir una Administración "mucho más pequeña y adaptada a las circunstancias". El Consell explica que reduciendo el tamaño y, con ello, los gastos, neutraliza esas voces y garantiza la existencia de estos órganos. La número dos del PP, Dolores de Cospedal, ya eliminó el Defensor del Pueblo en Castilla-La Mancha.

Pero, más allá de lo que conlleva tocar las instituciones que forman parte del autogobierno, a las que metió ayer en el mismo saco, la propuesta es más simbólica que efectiva, ya que estos seis organismos representan un coste anual de 19,2 millones y cuentan, entre cargos designados por las Corts y otras entidades y sus plantillas, con 284 personas. Eso sí, estas instituciones no han realizado hasta la fecha recortes aunque algunas, como la Sindicatura de Comptes, el órgano de fiscalización de la Generalitat, no puede acometer las auditorías de los ayuntamientos que debería por falta de medios. El Síndic de Greuges, por su parte, tiene la misión de velar por los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de la Administración. El Jurídic revisa las decisiones de la Generalitat y también acoge, como ahora con Camps, a los expresidentes sin destino.

Fabra subrayó que "el mantenimiento y el garantizar las señas de identidad es fundamental para el autogobierno de la Generalitat". "Por eso creemos conveniente, al igual que hemos hecho con el resto de estructuras para garantizar su mantenimiento, que se reestructuren" dichos organismos. A su juicio, hay que "ser sensible a la situación que esta viviendo la sociedad valenciana" y que ésta vea "cómo la reducción y redefinición (de las entidades) va en el camino seguido e iniciado, tanto por las administración, como por tantas y tantas familias y empresas de la Comunitat".

"Sólo daremos ayudas cuando haya resultados", avisa a sindicatos y patronal

"Hemos tenido que trabajar para cambiar la mentalidad de la sociedad valenciana", aseguró el jefe del Consell, ya que, "hasta ahora, en una situación económica favorable, nos podíamos mover en un clima de ayudas y subvenciones". Sin embargo, hoy "ya no cabe esa posibilidad", de forma que "sólo daremos ayudas cuando haya resultados", advirtió. "Hay que cambiar la cultura de la subvención por la del esfuerzo, los incentivos y los resultados". Entonces lanzó un aviso claro a sindicatos y patronal al insistir en que en la futura ley de participación institucional "se va a exigir resultados en las ayudas para inserción laboral". Estas subvenciones "van a estar vinculadas a la creación de empleo", dijo.

Fabra prometió que será "reivindicativo" con el Gobierno de Rajoy, al que exigirá "las deficiencias y carencias" que hacen que los valencianos "seamos menos competitivos", como la financiación "insuficiente". Entre el déficit de financiación por habitante y las inversiones, la C. Valenciana ha dejado de recibir más de 12.000 millones, reiteró. También reafirmó su compromiso de cumplir con el 1,5% del déficit y destacó los recortes en el sector público, con la supresión de empresas y 19 fundaciones y varios ERE en marcha. "Tenemos que continuar con ERE que afectarán a entre 4.000 y 5.000 empleados públicos".