La propuesta del presidente Alberto Fabra de menguar las instituciones estatutarias cayó ayer como una bomba en estos organismos, muchos de cuyos responsables no ocultaron en privado su indignación al reivindicar la función consultiva o de control que cumplen, el uso racional de sus recursos y hasta la fortaleza misma del autogobierno valenciano. En público, eso sí, se mostraron abiertos a la colaboración aunque en algún caso se podían leer entre líneas los reproches a la iniciativa del jefe del Consell. La Acadèmia de la Llengua (AVL) dijo encontrarse «a la expectativa» de saber los detalles y remarcó que su función es «vital» para la normalización de la lengua, además de subrayar el «uso racional» de sus fondos. Fuentes de la AVL señalaron que ésta «tiene una plantilla bastante ajustada» de una treintena de funcionarios, técnicos lingüísticos y personal administrativo, además de los académicos.
El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, indicó que en estos momentos la reestructuración parece «obligada» pero pidió «que no se merme la transparencia ni el control de la gestión pública, que es precisamente lo que la sociedad está reclamando». Queralt defendió que «una reestructuración de esta institución, para la que tradicionalmente se vienen pidiendo más recursos, debe tener el máximo consenso para no dañar la confianza de la sociedad en las administraciones públicas».
El Consell Jurídic Consultiu (CJC), por su parte, anunció que «colaborará» con la Generalitat en el estudio de la reducción de organismos pero recordó que es una institución «absolutamente imprescindible y útil, ya que proporciona seguridad jurídica a la administración y contribuye a mejorar notablemente las normas jurídicas». Fuentes de la entidad recalcaron que el CJC «ha administrado desde su constitución los fondos de los que dispone con una notable austeridad» y, además, «desde hace varios meses ha incorporado a su funcionamiento los criterios marcados» en este sentido por el Consell. Sobre la posible reducción de los consejeros, subrayaron que el CJC es el segundo con mayor carga de trabajo de toda España [realiza 1.500 dictámenes al año], y uno de los que menos consejeros tiene, seis.
«Donde menos cabe la tijera»
Además, el presidente del Comité Económico y Social (CES), Rafael Cerdá, señaló que este órgano consultivo es donde «menos cabe meter la tijera», aunque dijo que podría funcionar igual con una reducción de consejeros. Así, el presidente del CES considera que podría pasarse de 29 a 15 consejeros y eliminar el grupo que representa a la Administración, «de tal forma que se conseguiría un ahorro en las dietas por asistencia a plenos o comisiones, que es la única retribución que tenemos», explicó.
Rafael Cerdá indicó que el CES es uno de los órganos con presupuesto más bajo, y destacó la «importancia» de la labor que desempeña, «ya que muchas de nuestras sugerencias son aceptadas en introducidas en las leyes y los grupos políticos hacen uso de nuestros informes en las Corts».
Los planes de Fabra pasarían por reducir el número de síndicos (de 3 a uno o dos en la Sindicatura de Comptes y el Defensor) y, sobre todo, de los consejeros el resto de organismos como el CVC, unido a una reducción de las plantillas. No obstante, la situación jurídica no es la misma en todos los casos. En el Síndic de Greuges todos son eventuales pero en el resto, como la Sindicatura o el Jurídic, son funcionarios.
El Consell cesa como consejero delegado de Ciegsa al amigo de Camps, López Guardiola
El Consell aprobó ayer el cese de José Luis López Guardiola como miembro del consejo de administración de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (Ciegsa), que está en periodo de liquidación, y nombró en su puesto del mismo órgano a Santiago Martí Alepuz. El abogado López Guardiola, que era el consejero delegado de Ciegsa, había presentado el viernes pasado su dimisión por motivos personales. Amigo personal del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, estaba al frente de Ciegsa desde 2007 aunque en 1997 ya fue su asesor, en la etapa en que ocupó la conselleria de Educación. Es también primo de la actual delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León Guardiola. La mujer de López ha sido íntima amiga de la esposa de Camps y han compartido el negocio de la farmacia de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Con la supresión de Ciegsa, el Consell estudia la venta de la sede que la empresa tiene en la calle Poeta Bodría, de Valencia, unos bajos de 2.600 metros cuadrados y un coste de 4,5 millones. levante-emv valencia
