Más de 70 organizaciones políticas, sindicales y ciudadanas difundieron ayer un manifiesto en apoyo a la Sindicatura de Greuges en el que reivindican que esta institución "no se toca" y critican así la intención del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de "someter a instituciones estatutarias y otras a los recortes que ya vienen sufriendo la mayoría de colectivos y entidades ciudadanas, trabajadores y ciudadanía en general".

En un comunicado, muestran su "inquietud" ante el "déficit democrático" que supondrían los recortes anunciados, que considera "inaceptables e injustos", en el funcionamiento de "una institución estatutaria que defiende los derechos de ciudadanía de todas y todos los valencianos" como es la Sindicatura de Greuges.

La entidad que dirige José Cholbi ha movilizado a gran parte de la sociedad. Entre los firmantes de ese manifiesto, figuran partidos como el PSPV, Compromís, EUPV o Els Verds del País Valencià, sindicatos como CCOO-PV, UGT-PV e Intersindical Valenciana y múltiples asociaciones de enfermos, de vecinos, de colectivos profesionales, sociales y plataformas en defensa de la ley de Dependencia, entre otros muchos.

Advierten de que "prescindir del Síndic o disminuir sus capacidades actuales produciría un déficit democrático", al ser "el único cargo nombrado en su totalidad por los dos tercios de las Corts y el único órgano independiente encargado de velar por los derechos de la ciudadanía valenciana". Por este motivo, se oponen "radicalmente" a su "desaparición o reducción" y piden que "se mantenga y se le dote de las herramientas necesarias para hacer su trabajo de una manera libre e independiente de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía".

Estas organizaciones reivindican, que "la crisis y los recortes sociales que se están aplicando en el Estado Español y la Generalitat no pueden llevarse por delante los derechos de ciudadanía de la población y además la institución que garantiza su defensa ante las administraciones valencianas.

En su escrito, apelan al papel de la Sindicatura de Greuges como "heredera" de los Jutges de Greuges (1409) que, recuperada en el marco del autogobierno valenciano, funciona desde hace casi 20 años. Además, destacan que su misión fundamental es "controlar y exigir a los poderes públicos el cumplimiento efectivo de las leyes y el respeto absoluto a los derechos y libertades que asisten a los ciudadanos y ciudadanas valencianos", por lo que es una institución "defensora y garantista".