PORTADA

EL NUEVO PROYECTO DE LEY URBANÍSTICA

 

Blanca Blanquer

Se esperaba como una auténtica necesidad para acabar con los errores y horrores cometidos en apenas dos décadas y el texto que circula como anteproyecto nos sume en la estupefacción.
Las Leyes no son proféticas en tanto el futuro no puede preverse; siempre son retrogradas porque es el pasado, las experiencias vividas, quienes motivan un texto e inspiran los principios que regirán la actividad que se regula. Las hay que, con adaptaciones a las circunstancias evolutivas, son centenarias, como sucedió con la de Aguas y el Código Civil porque sus redactores se basaron en las consecuencias del vacío normativo y las tendencias o necesidades del colectivo al que iban a ser destinadas, consiguiendo la prevención o corrección de las conductas individuales.
Otras son producto de un época en que aparece algún fenómeno social permanente que exige su regulación. Así sucedió con la primera Ley del Suelo que reconocía la necesidad de ordenación de todo el territorio con criterios objetivos a fin de señalar el marco adecuado para la actuación de los particulares; una novedad que costó asumir pero adquirió fuerza convincente con el texto en el año 1966 como consecuencia de que se socialmente se había entendido la necesidad de señalar las compatibilidades entre intereses públicos y privados y había sido instrumento eficaz en los primeros años de los ayuntamientos democráticos.
Nos hemos referido a que toda ley innovadora se basa en las experiencias y, para formular la nuestra del territorio y del suelo, contábamos también con nuestras propias experiencias y resultados: Todos los ayuntamientos tenían su planeamiento general contando con una amplia oferta de suelo urbanizable, competitiva, que iba señalando un desarrollo constructivo armónico y pausado; la aprobación de planes no superó nunca los seis meses para los generales ni los tres para los parciales, periodos razonables y suficientes. Las Normas Metropolitanas habían resuelto los problemas de límites e intereses confluyentes en el ámbito de la antigua Gran Valencia. La Ley de Ordenación del Territorio señalaba pautas de desarrollo y era la base para una ordenación comunitaria, generalizada, a cuyo fin ya se habían formulado los primeros estudios. Había un diálogo interinstitucional permanente, una respetuosa colaboración susceptible de prorrogarse en la gestión del planeamiento.
Así fue que se promulgaron las Ley 10/1994, del Suelo no Urbanizable y la 6/1994, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, un gol en propia puerta del gobierno socialista, que supuso el primer gran paso para la privatización de las competencias, obligaciones y derechos públicos que pasaban a manos privadas mediante la creación de la nefasta figura del Agente Urbanizador, que se erigió en instrumento del capital y con el que empezó la particular crisis económica de nuestra comunidad que ha terminado con las instituciones financieras valencianas- pasando una triste página sobre la que el Banco de Valencia y las Cajas se descalabraron bajo los auspicios de políticos de conveniencia y presuntos implicados- y todas las medianas empresas del sector que no tenían alternativas, así como las que estaban vinculadas, tales como carpintería, cristalería y un largo etc.
Durante la época de su vigencia hemos vivido abusos y arbitrariedades, personalismos, confusiones competenciales entre la Generalidad y los ayuntamientos y, contrariamente a lo que se perseguía, un encarecimiento repentino del suelo y de la vivienda sin precedentes. Es lo que sucede cuando se legisla desde una cátedra, pura teoría, con la colaboración de tanto urbanista confeso a los que envidiamos quienes después de una vida de dedicación seguimos siendo simples estudiosos del urbanismo, y un total desconocimiento de la realidad

Un intento fallido
Apenas diez años mas tarde se sustituyó por otro texto, la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, modificada casi de inmediato, que vino en abundar en los anteriores disparates y que, efectivamente, obligaban a una normativa adecuada a los tiempos actuales cuya penuria trae causa, prioritariamente en el abuso del ladrillo, para recuperar la mesura y el conocimiento.
Lamentablemente no es así. El texto que circula, excesivamente definitorio, redundante y confuso en su redacción, aleja de su comprensión a la mayoría de los ciudadanos que, sin embargo, son sus destinatarios, sin excepción alguna. Infringe la distribución competencial deslizando en su articulado múltiples remisiones documentales para "consultas previas", "informe posterior", "memoria conjunta".
No se elimina la figura del Agente Urbanizador, esencia del capitalismo voraz, que continúa con todas sus prerrogativas. (Hemos vivido como, para conseguir las primeras parcelas de suelo, se han pagado cantidades astronómicas que vencieran resistencias o admitieran abusos de los propietarios iniciales y que, al final, han repercutido en el valor de las viviendas).
Se considera como "equipamiento privado" los centros escolares, culturales o sanitarios que, en realidad, no son equipamientos en tanto estos conllevan la connotación de públicos y constituyen una obligación municipal o autonómica públicas, sino negocios privados cuya permanencia queda a criterio de sus dueños.
Se rechazan los guetos sociales, pero se definen áreas de promoción de viviendas con protección oficial que, efectivamente, los incentivan.
Se imponen servidumbres en forma de reservas de suelo a la propiedad privada sin prever su compensación por las restricciones de uso y aprovechamiento y, visto lo visto, es de temer que se afecte a quienes menos recursos tengan para defenderse.
En estos momentos, cuando las empresas están asfixiadas, no se reconoce la importancia y el esfuerzo de cualquier nueva actividad inversora manteniendo el canon por ocupación de suelo rústico y la autorización de la actividad en régimen concesionario obligando a una mayor gasto inicial o diferido; un absurdo total porque el suelo es privado y el funcionamiento está sujeto a acciones de renovación y mantenimiento permanente que pueden determinar un menoscabo cuando el gasto necesario se aproxime al final de los treinta años. Respecto a la "vivienda rural" vinculada a la explotación agrícola, diferenciándola de la segunda residencia reservada, como siempre, a quienes tengan por lo menos 10.000 m2 de parcela, se abre la vía de uso a un concepto que ha sido tradicionalmente utilizado para evadir la Ley; cuantas veces hemos visto proyectos de "casas de aperos" con su comedor-salón, dormitorios, baños, aseos, etc. y han prosperado con la connivencia municipal que incluso a los efectos de obtener la obsoleta, y no obstante mantenida cédula de habitabilidad, no dudaban en tramitar nuevos edificios aislados como de segunda ocupación.
El actual Proyecto de Ley nos ofrece mas de lo mismo; el ex-presidente, D. Francisco Camps, clamaba por un seguro retorno a la plena actividad constructiva y no parece ser el único, o es que el Gobierno Popular se siente incapaz de retirar a los suyos los privilegios impensables de que disponen sobre suelo ajeno aunque la tozuda realidad pone en evidencia que el último tiempo pasado fue peor.
A los gobernantes les encanta promover leyes; ojalá tal entusiasmo se mantuviera a la hora de respetarlas y veríamos que hace nuestra alcaldesa Rita Barberá cuando ante el anuncio de que los planes se consultarán "con los propietarios afectados" tenga que enfrentarse a los vecinos del Cabanyal. Y recordemos lo que ha sucedido cuando en una zona L.I.C. (Lugar de interés comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), se autorizó el vertedero de Dos Aguas y su ampliación contra las propias restricciones establecidas interna e internacionalmente y después de unas transacciones mercantiles en las que el suelo alcanzó en el periodo de dos meses mil quinientas veces su valor inicial.
Pero el problema fundamental radica en la incapacidad para obtener soluciones. Habría que conseguir un horizonte claro basado en la concreción que elimine las interpretaciones personales, los criterios diferenciados y el respeto de las mutuas competencias.
Las políticas sectoriales son un arcano. Seamos capaces de reunirlas y darlas a conocer. No necesitamos mas leyes redundantes sino concreciones; después de casi dos décadas de gobierno popular lo que se impone es que todas ellas se plasmen documentalmente de manera que se obtenga la certeza de las limitaciones por causa de interés público. Ese Plan, limitativo del uso del territorio, clama por su formulación. A partir de contar con él sería posible que se recuperase el pleno ejercicio de las competencias propias por cada institución, el respeto a los ayuntamientos, la simplificación en la tramitación de los planes y proyectos, la agilidad en la concesión de licencias y autorizaciones y que, como en la mayor parte de los países civilizados, se establezca la seguridad jurídica que es el fin primordial de toda norma. Y no una Ley que lo que viene a crear es mayor confusionismo.

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