El presidente Alberto Fabra ha sido el primero en abrir la veda de los recortes en los órganos estatutarios, después de que Cospedal suprimió la figura del defensor del pueblo de Castilla-La Mancha, nada más llegó al gobierno de esa comunidad. Fabra tiene margen para la tijera, especialmente en un ente como el Consell Jurídic Consultiu, cuya continuidad, existiendo la abogacía de la Generalitat, podría cuestionarse. Pero otros presidentes, empezando por Mariano Rajoy, tienen campo para recortar incluso con motosierra. El órgano encargado de emitir informes sobre leyes y normas de la Generalitat, Administración Local o universidades está integrado por siete consejeros, más un secretario general. Está entre los consejos menos poblados de todo el mapa autonómico.
Andalucía, por ejemplo, cuenta con quince consejeros y Galicia, con trece. Madrid (11) o Cataluña (8) están también por encima en cuanto a número de integrantes. En el caso catalán hay que reseñar que además del llamado Consell Jurídic Assessor, existe un Consell de Garanties Estatutàries, del que forman parte otros ocho consejeros, aparato administrativo al margen. Comunidades como Navarra, Extremadura o Asturias están casi a la par con la valenciana si se observa la configuración de este tipo de órganos encargados de informar sobre las leyes. En Asturias son cinco los consejeros y un secretario general, que es alto funcionario. Ese órgano cuenta con dos miembros menos que el consejo valenciano en una comunidad con la quinta parte de población.
Una jubilación de oro
Pero si hay un órgano que destaca como residencia para políticos jubilados con retiros dorados y donde el aparato burocrático cobra especial dimensión ese es el Consejo de Estado, auxiliar del Gobierno de Mariano Rajoy. Está integrado nada menos que por 30 consejeros, de los cuales ocho tienen condición de permanentes. Destacan nombres como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Alberto Aza, el expresidente del Congreso Landelino Lavilla, el exministro Fernando Ledesma o la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega. En la lista de doce consejeros natos, por el cargo ejercido o el que en estos momentos ocupan, figura el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o Marcelino Oreja. El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, forma parte del Consejo de Estado por su condición de máxima autoridad de ese ministerio público.
Entre la treintena de integrantes de ese organismo jurídico figuran nueve consejeros electivos, desde Juan José Laborda a Isabel Tocino. La maquinaria comprende además diez letrados mayores y otros 26 abogados. Paralelamente se despliega todo un aparato administrativo con más de 29 departamentos con sus respectivos jefes de servicio y de área al frente. Desde Doctrina Legal, Almacén, Reprografía, Sistemas, Desarrollo o Habilitación hasta Personal y Conservación y Suministros, pasando por Consultas o Biblioteca.
Cada miembro del CJC cobra 55.000 euros, como un secretario autonómico
Los miembros del Consell Jurídic Consultiu —por ejemplo el expresidente Francisco Camps y el exlíder del PSPV Ignasi Pla— perciben un sueldo bruto anual de 55.000 euros, el equivalente a un secretario autonómico de la Generalitat. Tres consejeros son elegidos por las Corts, por mayoría de tres quintos, y otros tres nombrados por el Consell, que con la anterior ley designaba a todos los componentes. Para reducir el número de miembros del CJC haría falta cambiar la norma actual, que requiere esa mayoría cualificada, al tratarse de una ley de desarrollo de un órgano estatutario. Desde el PSPV se considera que la propuesta de Fabra es un «brindis al sol» no exento de «populismo y demagogia».
