El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, defendió ayer durante el Consejo de Gobierno de esta institución académica las polémicas prejubilaciones incentivadas que entre 2007 y 2009 permitieron que unos 164 profesores se prejubilasen con la paga íntegra al cumplir los 60 años. Estas prejubilaciones, consideradas recientemente por el Tribunal de Cuentas como de "dudoso encaje legal", tendrían que suprimirse con el Real Decreto 20/2012 aprobado por el Gobierno el 13 de julio y que el Consell quiere aplicar a rajatabla.
El desafío de la Universitat al Gobierno y al Consell contrasta con la postura de la Universitat Politècnica, cuyo Consejo de Gobierno acordó hace ahora una semana suspender "de forma provisional" a partir del 1 de agosto el incentivo que paga a sus 191 trabajadores prejubilados. Una medida que será definitiva si el informe solicitado por la Conselleria de Educación a la Sindicatura de Comptes ratifica la ilegalidad del complemento de acuerdo con el Real Decreto. La Universitat, por su parte, está a la espera de dicho informe que según Educación llegará en septiembre.
La UJI suspende el incentivo
La Universitat Jaume I de Castelló, según anunciaron ayer fuentes oficiales, ha suspendido también de forma cautelar el pago del incentivo a la prejubilación a partir del 1 de agosto, "a la espera del informe legal que la consellera se comprometió a encargar sobre este tema".
El impacto del Real Decreto va más allá de la supresión de la extra de diciembre para todos los funcionarios, pues tanto el rector como el gerente de la Universitat, Joan Oltra, informaron al Consejo de Gobierno que "una interpretación restrictiva de la norma pide a las universidades públicas valencianas la suspensión del pago de las cantidades compensatorias que cobran los profesores acogidos al programa de jubilaciones incentivadas", destaca la Universitat en una nota de prensa.
El rector Morcillo, según el comunicado, "ha defendido el programa (de prejubilaciones), aprobado por unanimidad del Consell de Govern en el año 2007, y ha apoyado a las iniciativas impulsadas por el colectivo de afectados". El gerente, por su parte, añadió que las cantidades previstas para la ejecución del programa, que entre 2007 y 2009 costó 2,2 millones de euros, "están incluidas en los presupuestos y que su pago no representa ningún perjuicio para las cuentas de la institución".
En nombre del colectivo de prejubilados intervinieron los catedráticos jubilados de Derecho del Trabajo Juan Manuel Ramírez y Luis Camps. Los dos señalaron las razones jurídicas que, a su juicio, hacen que no les afecte el Real Decreto: "el hecho de que la norma está pensada para los ex altos cargos que cesan en su puesto, y no para jubilaciones". Asimismo, evocaron el principio constitucional general de "no retroactividad de medidas restrictivas de derechos".
