La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, ha denegado la personación del PSPV como acusación particular en el caso del fraude de las ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo que investiga y en el que ya hay una veintena de imputados. Según ha podido saber Levante-EMV de fuentes jurídicas, la magistrada argumenta que los socialistas debían haber presentado una querella. La instructora también se niega a que la Coordinadora Valenciana de ONG sea parte de la causa aunque, en este caso, la organización probara a poder ser acusación popular, pedida ya por otras personas.

Como la Coordinadora, los socialistas tendrán ahora que buscar el cauce de la acusación popular, como han hecho en el caso Emarsa, para poder ser parte en una causa que la juez instructora ha remitido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al hallar indicios de delito en el que fuera conseller de Solidaridad y por ende quien otorgó las ayudas, Rafael Blasco. En este caso y si son aceptados, el PSPV debería aportar una fianza para poder ejercer la acusación. La otra opción es recurrir la decisión de la juez y fundamentar mejor su petición, para lo que tendrán tres días.

Cabe recordar que la diputada socialista Clara Tirado y la de Compromís Mireia Mollà fueron las personas que denunciaron el fraude en las ayudas de la Generalitat a la Cooperación ante la Fiscalía Anticorrupción. Con la documentación aportada por las dos políticas y tras una investigación de varios meses, el Ministerio Público trasladó la denuncia al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia.

Por su parte, tras haber sido desestimada su demanda por la jueza, la Coordinadora ha vuelto a solicitar personarse en la causa, esta vez como acusación popular. «La magnitud de lo ocurrido es tal, que no podemos quedar al margen de un proceso en el que las ONGD valencianas nos hemos visto afectadas ya sea por las consecuencias negativas del presunto desvió de fondos que no han ido destinados a los fines que deberían haber ido, como por el nefasto efecto a que a nivel de imagen se ha podido crear del sector», explicaron desde la entidad que agrupa a más de 100 organizaciones de la Comunitat Valencia.

Aún así, explicaron desde el colectivo que «en última instancia, los presuntos delitos no han sido cometidos por las ONG a las que representamos, y que de corroborarse los mismos lo que harán será en definitiva un flaco favor a la clase política que tiene ahora mismo en su poder la capacidad de volver a pronunciarse en contra de los mismos a través del esperado dictamen de la comisión de las Corts creada a estos efectos».

Denuncia ante la Fiscalía

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha solicitado a las Corts que retiren el suplemento de 2.000 euros al mes que cobra el exconseller Rafael Blasco por ser síndic del PP pese a que ya no ejerce las funciones, como publicó este periódico. Además, también solicitan que se le retire el coche oficial, el escolta y la secretaria. Además, exigen que devuelva a la Cámara valenciana el dinero percibido como portavoz cuando no ha realizado esa función.

La CGT anuncia que si no se retiran estos suplmentos de síndic acudirán a la Fiscalía Anticorrupción porque, afirman, se podrían estar cometiendo delitos como la «usurpación de funciones o malversación»