El objetivo de déficit para 2012 fijado por el Gobierno central para todas las comunidades en el 1,5 % del PIB regional podría desviarse más de medio punto en la Comunitat Valenciana e incluso sobrepasar el 2 % (unos 2.000 millones de desfase, 500 más del límite permitido por Madrid). El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, situó durante su comparecencia en las Corts en una horquilla de entre el 2,7 % y el 3,5 % la reducción prevista respecto al desfase entre ingresos y gastos registrado en 2011. Este margen implica un importante esfuerzo de contención del gasto pero insuficiente para cumplir con las exigencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

De hecho, y a falta de conocerse la cifra oficial del déficit en 2011 (al 4,5 % que el Consell reconoció en su último plan de ajuste todavía hay que sumar los números rojos de las empresas públicas por lo que podría llegar al 5 %), la Generalitat contempla cerrar este año con un déficit que iría desde el 1,4 hasta el 2,2 % del PIB. Es decir, con casi total probabilidad se sobrepasará el límite del 1,5 %. El posible incumplimiento €de manera indirecta asumido ayer por Vela€ complica el escenario para un Ejecutivo que se ha visto abocado a adherirse al Fondo de Liquidación Autonómico, el mecanismo ideado por el Gobierno de Rajoy para ayudar a las comunidades que, como la valenciana, tienen graves problemas para afrontar sus pagos, entre ellos los vencimientos de deuda. El fondo, un rescate en toda regla en opinión de la oposición, pone la gestión del Consell bajo la lupa del Ministerio de Economía, que incluso podría enviar una «misión de control» si se detectan riesgos de incumplimiento.

Precisamente la adhesión a este fondo, que hace dos semanas generó un gran revuelo en los mercados, llevó ayer a Vela a comparecer ante la diputación permanente para dar explicaciones. Fue una reunión extraordinaria en la que el titular de Hacienda estuvo arropado por cuatro consellers y a la que no asistió el presidente Alberto Fabra, quien optó por seguir con su agenda institucional. Vela, que no desveló la cifra exacta del rescate (podría alcanzar los 3.500 millones de euros), se esforzó en quitar tremendismo a la petición de ayuda y mantuvo que no implicará ajustes adicionales sobre los ya previstos. «No vendrán los hombres de negro», llegó a asegurar Vela, en respuesta a Marga Sanz (EU), quien vaticinó la toma de las cuentas de la Generalitat por los técnicos de la Intervención General del Estado. El conseller, que aseguró que a 30 de junio las medidas de contención del gasto previstas en el plan de reequilibrio estaban ejecutadas al 50 %, calificó poco «inteligente» hablar de «rescate». Es más, denunció «intereses políticos en demonizar y estigmatizar» la C. Valenciana. Eso sí, admitió la situación financiera «difícil», si bien achacó los problemas de liquidez a la escasez de ingresos motivada por la deficiente financiación y no por el exceso de gasto. Vela admitió errores, entre ellos la dependencia de ingresos coyunturales (los provenientes del ladrillo), si bien cargó las tintas en la financiación. Pidió consenso a la oposición para reclamar conjuntamente un cambio de modelo. Para dejar claro que él ya lo había hecho ante el ministro Montoro reprodujo parte de su intervención en el CPFF del 12 de junio en el que avisó de que sin un cambio en el sistema, Valencia estaría condenada a renunciar a invertir y dedicarse sólo a pagar recetas y colegios.

Los llamamientos a la responsabilidad de Vela sirvieron de poco. La oposición fue a la yugular al responsabilizar al Consell de un «rescate» que considera consecuencia de 17 años de «despilfarro». PSPV, EU y Compromís (que también se intercambiaron puyas dialécticas) coincidieron en que el rescate es un golpe al autogobierno y denunciaron el «sometimiento» de Fabra a Rajoy.