Justo cuando el ministro del Interior ha anunciado, en cuantos foros se ha dejado oír, que una de sus prioridades es potenciar la investigación para erradicar las bandas de crimen organizado, el departamento que dirige ha dejado a la Jefatura Superior de Policía de Valencia sin 40 vehículos camuflados de los que utilizan las unidades de investigación y antiterroristas. El parque móvil habitual es de unos cien coches, por lo que la reducción supone dejar el número de coches casi en la mitad.
Según todas las fuentes consultadas por Levante-EMV, la situación se generó en mayo, cuando se debía renovar el contrato de «renting» —fórmula que se emplea para la mayoría de los turismos de uso policial, incluidos los que llevan los rótulos identificativos— para esos 4o automóviles.
La explicación oficial de la Dirección General de la Policía, al menos la facilitada a los responsables policiales de Valencia, es que se trata de un «error burocrático» derivado de un olvido a la hora de actualizar la firma que prorrogaba el contrato de los automóviles.
Sin embargo, los sindicatos policiales temen que se trate, en realidad, de un recorte encubierto que obedece más a criterios económicos que a un supuesto olvido.
En octubre se conocerá quién tiene razón, ya que Interior ha garantizado a la Jefatura Superior de Policía de Valencia que el parque móvil será restituido ese mes, cuando, una vez finalizado el verano, se firme un nuevo contrato para que el número de vehículos empleados en investigación vuelva a ser el mismo que era hasta mayo.
La policía de Valencia cuenta con alrededor de cien vehículos de esas características —son coches normales, sin distintivos policiales que los identifiquen—, por lo que la ausencia de esas 40 unidades ha dejado en un 60 por ciento el parque móvil policial y, por ende, ha limitado casi a la mitad las posibilidades de investigación.
Los coches camuflados están asignados a la Policía Judicial, tanto a los grupos de la brigada provincial como a los de las siete comisarías de distrito de Valencia y las once distribuidas por otros tantos municipios de la provincia, así como a los grupos de la brigada de Información, que se dedica a la lucha contra cualquier tipo de amenaza contra la seguridad del Estado.
De hecho, son herramientas fundamentales para las vigilancias y los seguimientos de los sospechosos, por lo que los agentes dedicados a esas funciones se están viendo obligados a improvisar y a utilizar la imaginación para intentar mantener el ritmo de las investigaciones y que éstas no se vayan al traste por lo que, según Interior, es un «error burocrático» que casualmente ha venido a coincidir con los meses en que la plantilla en servicio se reduce en una proporción similar debido a los turnos de las vacaciones.
Una cuenta mal hecha
Si la razón de no renovar el parque móvil al completo ha sido aprovechar esa reducción estival de la plantilla, quien haya tomado la decisión demuestra conocer poco la dinámica de trabajo policial. De hecho, muchas de las investigaciones comenzadas en invierno no culminan hasta junio y julio.
Pero, además, por mucho que parte de la plantilla esté de vacaciones, las investigaciones que ya están abiertas antes de ese periodo permanecen activas, porque no dependen del número de agentes por grupo, sino de la actividad del supuesto delincuente.
Por esa razón, los seguimientos y vigilancias se realizan con independencia del calendario, sólo que este verano, en Valencia, como una complicación añadida: la ausencia de los camuflados.
El SUP defiende una «mejor distribución» de los coches
El sindicato policial afirma que algunos mandos hacen un uso «personal» de coches destinados a investigación
El SIndicato Unificado de Policía (SUP) no justifica la pérdida de esos 40 coches dedicados a investigación, pero sí aboga por una «mejor distribución de esos vehículos, ya que no tenemos la certeza de que todos los coches estén siendo utilizados realmente por los grupos y las brigadas a los que oficialmente están asignados».
Fuentes del SUP fueron incluso más lejos y se cuestionaron «por qué muchos mandos policiales hacen un uso prácticamente personal de esos vehículos, sustrayéndolos de la función policial que les corresponde». Como ejemplo, las fuentes sindicales citaron «un comisario local que se va cada fin de semana a Madrid, donde tiene a su familia, con uno de esos coches».
Las mismas fuentes denuncian que en ese caso suele tratarse de vehículos de alta gama intervenidos durante alguna investigación y que un juez autoriza a utilizar en funciones policiales, sobre a grupos especializados en narcotráfico a gran escala, crimen organizado y terrorismo.
Oficialmente, sólo el jefe superior y los tres comisarios provinciales de la Comunitat Valenciana tienen derecho a coche oficial.
