Los cambios introducidos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para facilitar el despido masivo en las administraciones públicas podría afectar a alrededor de 26.000 trabajadores que en la actualidad prestan sus servicios en la Comunitat Valenciana. Tal como adelantó ayer Levante-EMV, el Ministerio de Empleo ultima un Real Decreto en el que se regula la extinción laboral del personal laboral fijo, un documento que ha sido trasladado a los sindicatos y que abre la puerta a despidos masivos, ya que estos se podrán justificar con situaciones de insuficiencia presupuestaria o disminución de transferencias. El escenario actual de precariedad presupuestaria en la práctica totalidad de Administraciones, ayuntamientos y entes públicos de la Comunitat Valenciana ha generado ya alarma entre los sindicatos que temen que Valencia sea de nuevo el laboratorio de pruebas de las reformas y tijeretazos dictados desde Madrid.
Por lo pronto, el colectivo más numeroso que podría verse afectado por la nueva norma procede de la administración local. Los sindicatos calculan que entre ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones y demás entes locales unos 20.000 empleados públicos se encuentran bajo el régimen de personal laboral. La diputación de Valencia cuenta con unos 150 laborales.
La medida salpica también a la administración de la Generalitat, donde tienen nómina unas 6.500 personas, según los datos del último informe de la Sindicatura de Comptes referido a 2010. De estos empleados públicos, que principalmente trabajan en las conselleries de Educación y Bienestar Social, unos 2.800 empleados son laborales fijos, es decir, tienen plaza en propiedad. El resto son indefinidos o temporales; el equivalente a los funcionarios interinos.
El personal no funcionario, pero con puesto de trabajo en las conselleries, es residual, ya que en su día tuvieron lugar procesos de funcionarización en la Generalitat, de tal manera que muchos empleados cuyo régimen era laboral pasaron a ser funcionarios. Los puestos laborales en la Generalitat pertenecen entre otros a «oficios» como limpiadores, jefes de cocina, auxiliares de residencias o celadores.
Al margen del personal de la Administración del Consell, la Generalitat a través de sus empresas y organismos públicas también contrata personal laboral. El proceso de adelgazamiento del sector público ya ha dado pie a despidos masivos. El Consell ha puesto en marcha Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en la mayoría de sus empresas públicas; a saber, Ciegsa, Instituto de la Vivienda, Cacsa o RTVV, donde se preven más de 1.200 despidos. El Consell ya ha cifrado en 5.000 personas los despidos en el sector público y funcionarial.
Tanto UGT como CC OO han expresado sus dudas jurídicas sobre la legalidad de los cambios legales. Pero más allás del debate jurídico, los representantes de los sindicatos consultados por este diario apuntan al hecho de que el personal laboral fijo ha llegado a su puesto mediantes procesos selectivos (oposiciones) equivalentes a los funcionarios.
Aunque el pasado lunes el conseller de Economía, Máximo Buch, salió en defensa de los funcionarios tras las críticas del presidente de la Cierval, José Vicente González, el Consell ya tomó medidas a principios de año para ahorrar en el capítulo I mediante reducciones de jornada y de sueldo. El decreto que reguló el recorte abría la puerta a despidos de interinos, aunque el Consell descartó su aplicación.
El PSPV acusa al PP de promover la destrucción masiva del empleo
La secretaria de Empleo de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Rocío Briones, calificó la nueva ley para el despido colectivo del personal laboral indefinido de la administración «como un nuevo ataque y una prueba más de la intención del PP de romper con el sistema de relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras». En este sentido, la dirigente socialista, en un comunicado, lamentó que el PP «lejos de activar la economía, de mantener y crear empleo de calidad, promueva todo lo contrario; una destrucción masiva del empleo». Rocío Briones, acusó al PP de «llevar a la deriva al país, ya que hay una falta evidente de políticas activas de empleo y de criterio en la puesta en marcha de medidas que promuevan la creación de puestos de trabajo». Desde el PSPV queremos dejar claro que este nuevo ataque, lejos de ser una simple merma en los derechos de los trabajadores es la suma, junto a otras medidas como la reforma laboral y el sin fin de recortes aplicados por el PP, de atacar a toda la clase trabajadora», denunció Rocío Briones. La socialista añadió que, una vez más, se trata de una medida que dista bastante de las promesas que exclamaban algunos dirigentes del PP, como el cabeza de lista del PP por Valencia, Esteban González Pons, cuando prometía la creación de más de tres millones y medio de empleos. La opinión de la oposición sobre el nuevo decreto es compartida por los sindicatos UGT y CC OO, quienes aseguran que con la norma «se consagra, normativa y definitivamente, el posible despido colectivo con la aprobación del cauce a seguir, lo que puede contribuir a convertir a partir de ahora en algo habitual una cuestión excepcional y puntual». El único objetivo, aseguran, es el despido.
