El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, aseguró ayer que el Ministerio de Sanidad "no va a dejar a nadie en la calle" y los pacientes crónicos, inmigrantes irregulares o no, seguirán siendo atendidos. Así respondió Alonso en rueda de prensa a las preguntas de los periodistas sobre si los inmigrantes en situación ilegal en España que son enfermos crónicos van a dejar de recibir asistencia después de que el Ministerio de Sanidad anunciase su intención de cobrar una cuota anual de entre 710 y 1.600 euros a los extranjeros que no sean beneficiarios del Sistema Nacional de Salud.

"Los pacientes crónicos seguirán recibiendo asistencia en España hasta donde yo entiendo", dijo Alonso sin distinguir entre ciudadanos regularizados o no. Además, insistió en que el Ministerio de Sanidad "ha aclarado que no va a dejar a nadie en la calle" y ningún médico va a dejar de atender a un enfermo sea cual sea su situación.

Paralelamente, la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios (FSS) de CC OO PV emitió ayer un comunicado en el que se opo?ne a la reforma sanitaria que prepara el Gobierno por considerarla "injusta, insolidaria y descabellada", pues a su juicio vulnera los derechos de los emigrantes "sin pa?peles" y puede tener consecuen?cias muy graves para la ciudadanía española.

Desde el sindicato aseguran que la ciudadanía y los profesionales sanitarios valencianos "seguirán oponiéndose a este despropósito en los centros de trabajo y apoyando las movilizaciones de rechazo hasta que se retire".

La FSS entiende y apoya la objeción de los médicos promovida por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) "dado que la propia norma pone al profesional en un callejón sin salida". El código deontológico, aclaran, "obliga a cualquier sanitario a atender a los pacientes, así como la posibilidad de incurrir en el delito de omisión del deber de socorro, estipulado en el código penal, caso de negarse a diagnosticar una eventual emergencia".

Guardia jurado en el ambulatorio

Desde la federación de CC OO afirman desconocer cómo se piensa llevar a cabo la concreción real de la no asistencia, que en ningún ca?so puede recaer en el personal sanitario. "No sabemos si el Gobierno estará dispuesto a pagar un guardia jurado en cada centro de salud para impedir la entrada a quienes no acrediten papeles, con lo que el ahorro se iría al traste".

El sindicato advierte que no recibir atención en primera instancia va a tener dos importantes perjuicios para la economía sanitaria: la saturación del servicio de urgencias y el grado de complicaciones de las patologías, que llegarán agravadas, elevando los riesgos para la salud y un mayor coste en su tratamiento.