Más de 39.000 parados de la Comunidad se quedarán sin ningún tipo de ayuda a lo largo del próximo año, según cálculos de CC OO, si finalmente el Gobierno decide no prorrogar el denominado Plan Prepara, que permite a los desempleados de larga duración y con escasos recursos recibir una pequeña renta de 400 euros durante seis meses. La vigencia del programa actual finaliza el próximo 15 de agosto y el Gobierno se ha marchado de vacaciones sin tomar una decisión al respecto, por lo que sindicatos y oposición temen que las ayudas no van a continuar.

Recuerdan que en el último paquete de ajustes ya se rebajó la cuantía y se pusieron nuevas condiciones para el acceso a las prestaciones por desempleo, y los expertos vaticinan que Europa exigirá nuevos recortes en este apartado si España solicita un segundo rescate, por lo que el Ejecutivo se estaría avanzando a esta exigencia al eliminar también los 400 euros.

Desde que entró en vigor el Plan Prepara en febrero de 2011 —cuando sustituyó a la primera ayuda de 426 euros implantada por José Luis Rodríguez Zapatero al inicio de la crisis— en la C. Valenciana e se vienen concediendo una media de 3.253 ayudas al mes, según los datos de CC OO, por lo que en un año serían 39.037 los afectados por su supresión, según el portavoz de este sindicato, Salvador Roig. De ellos, 19.368 serían en Valencia, 14.383 en la provincia de Alicante y otros 5.286 en Castelló.

El último cartucho

Roig recuerda que esta ayuda supone «un último cartucho para muchos parados, que siguen sin encontrar trabajo y ya han agotado el resto de prestaciones y subsidios», por lo que su pérdida abocará a muchos de ellos a la pobreza. «Es una renta asistencial, que las familias utilizan para hacer frente a gastos básicos», insiste.

De hecho, para su concesión no sólo se tiene en cuenta que el beneficiario carezca de ingresos, sino que también se analiza la renta del resto de miembros de la unidad familiar, que no puede superar los 481 euros por cada uno de ellos. Una vez agotadas las ayudas del Plan Prepara la única alternativa es la denominada «renta de ciudadanía» que concede la Generalitat pero cuya tramitación se demora entre 15 y 24 meses, según CC OO.

En teoría, los parados que reciben esta subvención deben seguir un itinerario personalizado, con cursos de formación, para lograr su reinserción en el mercado laboral. Pero en el práctica, la mayoría de ellos no ha recibido ni una sola clase ya que la Generalitat no ha dispuesto de los fondos.

Aunque la supresión del programa no afectará a los desempleados que ya tienen concedidas las ayudas -que tienen derecho a seguir recibiéndolas hasta que agoten los seis meses- lo cierto es que los actuales beneficiarios se están encontrando con problemas para cobrar los 400 euros. Si la semana pasada era UGT la que denunciaba la situación, ayer fue CC OO la que alertó de la «tensión» que se vive en las oficinas de empleo por las reclamaciones que se están registrando ante el retraso de los pagos.

Las transferencias se abonan entre los días 20 y 30 del mes pero el SPEE (el antiguo Inem) todavía no ha ingresado las de julio. Aunque oficialmente se habla de un fallo informático, los trabajadores señalan que, en realidad, el problema es de tesorería, por falta de liquidez. Empleo aseguró anoche que podrían cobrar a partir de hoy. CCOO también asegura que desde el 31 de mayo no se ha resuelto ninguna nueva solicitud.

CCOO y UGT: Habrá una respuesta contundente

CC OO y UGT aseguraron ayer que la no renovación de la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración es «una bomba de relojería», y advirtieron de que si el Ejecutivo no la mantiene habrá una respuesta «contundente» en la calle. Representantes de ambos sindicatos se reunieron ayer con la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, para hacer frente común frente a la aparente intención del Ejecutivo de acabar con el Plan Prepara. El secretario de comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano, afirmó que es «indispensable» que se prorroguen las ayudas porque si no los sindicatos interpretarían que «el Gobierno ha perdido toda sensibilidad social con los mas débiles». El secretario general de UGT, Cándido Méndez, aseguró que «utilizar como coartada la falta de inserción laboral para suprimir la ayuda nos parece intolerable, humillante e injusto». Por su parte, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que su partido promoverá mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos.