El abogado del Estado pide que el exconseller Luis Fernando Cartagena sea condenado a cinco años de cárcel por el presunto fraude fiscal de Metrored. La Abogacía del Estado solicita más pena por el delito fiscal para Cartagena y el resto de la cúpula directiva de la empresa de comunicaciones Metrored que el ministerio público al aplicar la agravante de la «especial trascendencia» de la defraudación. La Agencia Tributaria cifra en más de siete millones de euros las cuotas impagadas. En el caso están acusados trece personas que se enfrentan a penas de entre cinco y veinte años de cárcel. Entre los acusados están empresarios como el presidente de Cleop, Carlos Turró; el naranjero Luis Martinavarro o el azulejero Rafael J. Benavent. El escrito de acusación de la Abogacía del Estado destaca que el único imputado que tiene antecedentes penales es «Luis Fernando Cartagena, como así lo manifestó en su declaración».

El presunto fraude fiscal lo cometió Metrored —que fue patrocinadora del Valencia Club de Fútbol— con el apoyo de las empresas Dania Servicios Tecnológicos y Voyager Tecnológica entre 2005 y 2008. Las tres entraron de forma conjunta en concurso de acreedores en 2009 y el extitular del juzgado de lo Mercantil número dos de Valencia Fernando Presencia declaró en setiembre de 2011 la extinción de la firma por inexistencia de bienes.

Hacienda, según apunta el abogado del Estado en su acusación, comprobó que Metrored utilizó una estructura dirigida a defraudar el IVA desde su sede en el polígono Fuente del Jarro de Paterna a través de dos mecanismos. Por un lado, el grupo supuestamente emitió facturas sin repercutir el IVA a entidades formalmente domiciliadas en Canarias. La empresa declaraba las operaciones no sujetas al IVA y exentas del impuesto general indirecto canario. Sin embargo, Metrored sabía —según Hacienda y las acusaciones— que los servicios de telecomunicación prestados por «venta de minutos telefónicos» eran para empresas establecidas en la península y que por tanto estaban sujetas al IVA.

Por otra parte, el grupo presuntamente utilizó una sociedad sin estructura propia y domiciliada ficticiamente en Canarias para no declarar el IVA a destinatarios de la Península y Baleares.

La empresa Voyager Tecnológica tenía el domicilio fiscal en Baleares y Dania Servicios Telefónicos en Canarias. Las acusaciones consideran que las dos eran firmas pantallas que estaban dirigidas por Metrored desde el polígono de Fuente del Jarro. La Abogacía del Estado pone como ejemplo que el domicilio fiscal de Dania en Canarias «es ficticio pues desde su constitución el 18 de enero de 2005 siempre estuvo gestionada, controlada y establecida en la sede de Metrored».

Consejo de administración

Los acusados por el fiscal y el abogado del Estado son los miembros del consejo de administración cuando ocurrieron los hechos: Luis Fernando Cartagena, Reyes Ballester, Carlos Turró, José Luis Martinavarro, Rafael Benavent, Jorge Sanz y Ana Patricia Barreda Aznar. Además,el ministerio público y la Abogacía del Estado piden penas de prisión para los apoderados de Metrored Francisco Fariñas, Arturo Grau, Carlos Riera y Ramón Gregori. Las acusaciones también reclaman que se sienten en el banquillo el administrador de Dania Servicios Telefónicos Pedro Obrador y el titular del local que figuraba como domicilio social de Dania Pedro Estupiñán.

El exconseller y exalcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena indicó al juez que fue consejero delegado de la compañía Metrored a partir del verano de 2007. Cartagena incidió en que dejó la empresa en la primera quince de julio de 2008. El exdirigente popular aseguró que fue contratado como especialista en recursos humanos para impulsar el negocio de la telefonía móvil. El acusado añadió que que comenzó a asistir a los consejos de administración a partir de septiembre de 2007 y que no se hablaba de facturas comerciales o dietas.

El exconseller insistió en que no estaban entre sus funciones los temas fiscales. Cartagena reiteró que el trabajaba en la telefonía móvil, que era un proyecto que se lanzaba y que no mantenía ningún contacto con la empresa Dania. Además, admitió que Dania se dedicaba a la venta de minutos de telefonía fija a través de locutorios.

Una infraestructura «poco creíble» para el volumen de negocio

La inspección de la Agencia Tributaria duró dos años. Hacienda constató que la firma Dania tenía sólo uno o dos trabajadores en Canarias y al inspector le pareció «poco creíble» esa infraestructura para una facturación de diez millones de euros. El inspector fiscal que prestó declaración ante el juez precisó que encontró «varias cartas» en las que Metrored se comprometía a asumir la deuda y la sanción. El testigo indicó que otro aspecto sospechoso fue que a «algunas empresas se facturaba en la península en un año y al siguiente en Canarias a nombres de otra firma cuando los números de contacto y direcciones no habían cambiado con respecto al año anterior». Otra evidencia que encontró Hacienda es que un comercial que visitó a un cliente con un domicilio aparente en Canarias pasó dietas en Murcia. El testigo declaró que «justamente el año anterior, la empresa que le precedió tenía la misma dirección y número de contacto y el administrador de la sociedad vive en Murcia».