Los juzgados de lo penal de la Comunitat Valenciana acumulan casi 25.000 juicios pendientes de celebrar. El número de asuntos sin resolver se ha incrementado en el último año en quinientos casos y en los próximos meses continuará subiendo la cifra ante los recortes que impiden poner en marcha nuevos juzgados. La consecuencia es que están aumentando los tiempos de espera hasta llegar a casos como el del juicio por el accidente laboral del trabajador boliviano que perdió un brazo en una panificadora de Gandia. El asunto lleva dos años bloqueado en los juzgados a pesar del esfuerzo del fiscal de Siniestralidad Laboral que permitió que la causa estuviera calificada en apenas un año. La magistrada desconoce cuándo podrá celebrar el juicio y se justifica en que cuando llegó al juzgado en marzo comprobó que había 1.700 vistas pendientes de celebrar y 3.000 sentencias sin ejecutar.

La defensora del pueblo ha alertado en su informe anual de la «situación de desbordamiento que actualmente vive la justicia» y que se refleja en la gran cantidad de quejas que ha recibido en el último año. La institución, que ahora dirige Soledad Becerril, advierte de que las quejas que ha investigado «revelan la necesidad de una mayor dotación de medios materiales para normalizar la situación», y pone como ejemplo el caso de un ciudadano cuyo procedimiento estaba en el juzgado de lo penal número siete de Alicante y que tardó cuatro años en llegar a juicio. La memoria añade que «a la vista de la excesiva tardanza en el señalamiento, se solicitó un informe al Consejo General del Poder Judicial cuyo Servicio de Inspección confirmó que el volumen de trabajo era muy elevado. El propio Servicio de Inspección ha propuesto la creación de nuevos juzgados de lo penal».

El problema es que la Conselleria de Justicia no dispone de presupuesto para mantener más juzgados y en el último año se ha visto obligada a renunciar a los 15 que aprobó el Gobierno en 2010. El Poder Judicial estima que la Comunitat Valenciana necesita más de setenta juzgados, aunque en los últimos meses se ha centrado en pedir magistrados de apoyo ante la inviabilidad de que se creen nuevos juzgados.

Los jueces valencianos han puesto en marcha un plan para fomentar las conformidades, que agilizará la celebración de los juicios y disminuirá el tiempo de espera. El objetivo del proyecto (impulsado por el juez decano de Valencia, Pedro Viguer) es evitar la comparecencia de 5.500 testigos y 330 peritos al año. El sistema ya se está aplicando con éxito en cuatro juzgados de lo penal de Valencia y se va a extender al resto en los próximos meses. El Colegio de Abogados de Valencia apoya la medida, que solo en el juzgado de lo penal número 8 de Valencia ha evitado la comparencia de 173 testigos y 11 peritos desde que empezó el año. La clave es el aprovechamiento de las conformidades, acuerdos que se producen entre la acusación y la defensa antes de empezar el juicio y que evitan que tengan que declarar en la vista los testigos y los peritos. Los magistrados también quieren limitar el número de testigos en los casos en los que no hay conformidad.

Los juzgados de lo penal más sobrecargados de la Comunitat Valencia son de los Castelló, que de media tiene cerca de un millar de juicios pendientes de señalar. Los magistrados de lo penal de Valencia, según recoge un estudio del Consejo General del Poder Judicial, acumulan de media más de 464 asuntos y los de Alicante 753.