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El Consell busca cómo extender el «modelo Alzira» tras fracasar la privatización de la gestión sanitaria

La Abogacía del Estado y los servicios jurídicos de la Generalitat obligan a Sanidad a enterrar el proyecto de colaboración público-privada con el que aspiraba a recaudar 360 millones de euros antes de fin de año. Los operadores privados exigen que las concesiones administrativas incluyan el personal sanitario

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Hospital de la Fe de Campanar.
Hospital de la Fe de Campanar.  
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RAFEL MONTANER VALENCIA La Generalitat lleva tres semanas buscando cómo extender el «modelo Alzira» de concesión administrativa a toda la sanidad valenciana, personal sanitario incluido. El cambio de planes viene forzado por la negativa de la Abogacía del Estado y los propios servicios jurídicos del Consell a dar el visto bueno al modelo de colaboración público-privada de privatización de toda la gestión sanitaria excepto la asistencia médica. Una vía por la que iba a recaudar antes de fin de año 360 millones de euros por el adelanto del canon de dos años.

Esos 360 millones eran una de las claves del plan de reequilibrio financiero de las cuentas del Consell que el presidente Alberto Fabra presentó al Gobierno para alcanzar el objetivo del 1,5 % del déficit presupuestario autonómico. De hecho, suponían casi un tercio (el 32 %) de los 1.116 millones en nuevas partidas de ingresos que se pensaban generar.

Según ha podido saber Levante-EMV la decisión de enterrar la privatización de la gestión sanitaria se tomó en una reunión entre el conseller de Sanidad, Luis Rosado, y Fabra el pasado 19 de julio. Al día siguiente, tras convertirse en las cuentas de la lechera el Plan de Reequilibrio, el Consell se vio obligado a pedir el «rescate» del Gobierno y ser así la primera autonomía en adherirse al mecanismo de liquidez creado por el Estado.

Fuentes del sector empresarial sanitario explican que en la conselleria trabajan a contrarreloj en el diseño de «algún tipo de fórmula para reducir el gasto de la sanidad pública valenciana y, al mismo tiempo, obtener ingresos de su privatización». La vía por la que se ha optado, aseguran, es la de la concesión administrativa «como el ‘modelo Alzira’ o las resonancias magnéticas, mecanismo que ya conocen los abogados de la Generalitat». Así, para evitar estrellarse otra vez contra el muro de los servicios jurídicos, «se busca sacar un modelo lo más parecido posible a las concesiones administrativas».

La «bata blanca» como objetivo
A la urgencia del tiempo, ya va a ser imposible que esas nuevas concesiones se adjudiquen este año y por tanto se esfuman los 360 millones del canon, se suma la presión de los agentes privados. Todos los operadores exigen al Consell «poder optar a gestionar ‘la bata blanca’», es decir hacerse cargo también del personal sanitario como ya pasa en las cinco concesiones administrativas de la Generalitat (hospitales de Alzira, Dénia, Manises, Torrevieja y Elx-Crevillent).

Las áreas de salud están dividas en gerencias que unifican la atención primaria (centros de salud) y la hospitalaria. Los agentes privados quieren que el nuevo modelo incluya la privatización de toda la gestión, no sólo administrativa sino también del personal sanitario de hospitales y ambulatorios.

El principal obstáculo para esta privatización total es el encaje en ella del personal estatutario. Es decir, los médicos y enfermeros, funcionarios de carrera o personal laboral fijo adscritos al régimen específico de los servicios de salud. Si bien el Hospital de la Ribera, cuando se creó en 1999 contaba con personal estatutario, éste se ha ido reduciendo por jubilaciones o porque ha pedido su traslado a centros públicos. Otras concesiones como la del Hospital de Dénia también incorporan a personal estatutario, pero las más nuevas como la del Hospital de Manises, no.

Fuentes del sector explican que las concesiones «se ofrecen al personal interino, pero no al estatutario, que prefiere los hospitales públicos». Por ello ven «complejo» aplicar esta fórmula a los cinco grandes hospitales —La Fe y el Clínico de Valencia, así como los generales de las tres capitales—, donde predomina el personal estatutario, que además también hace docencia universitaria y forma a MIR.

Mientras Sanidad resuelve este rompecabezas, y a la espera de que el Gobierno apruebe el decreto de despidos colectivos del personal laboral fijo de la Administración, lo que parece que saldrá antes son las concesiones administrativas unificadas tanto de servicios no asistenciales (administración, cocina, lavandería...) como sanitarios (laboratorios, farmacia...). No obstante, desde el sector empresarial apuntan que en cuatro meses no hay tiempo para aprobar un pliego básico y publicarlo en el DOCV, BOE y en el Diario de la UE, «con lo que será difícil que el Consell pueda por esta vía ingresar algo este año para equilibrar sus cuentas».

«El ahorro puede llegar por unificar servicios»
La reducción de costes que busca Sanidad pasa por la unificación de servicios. «No todos los hospitales deben contar con todos los servicios», señalan desde un operador privado que pone como ejemplo los laboratorios de los hospitales valencianos, «que en algunos casos están funcionando al 30% de su capacidad, con todo lo que ello conlleva». Estas fuentes señalan que una buena parte del ahorro «puede llegar unificando servicios», por ello en la conselleria barajan licitar los servicios hospitalarios comunes en forma de grandes unidades centrales que atiendan a centros de toda una provincia o varias áreas de salud.

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