El Consell que preside Alberto Fabra está estudiando seriamente la posibilidad de sacar a concurso público toda la gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), una operación que tiene como objetivo soltar lastre en un complejo de ocio cuya construcción y mantenimiento está suponiendo un importante desembolso de recursos públicos. El proceso de privatización completa de la gestión de Cacsa se llevaría acabo el ejercicio próximo aprovechando el vencimiento de la concesión a Parques Reunidos del Oceanogràfic, el único elemento del complejo que da beneficios. Según confirmaron fuentes de la Generalitat, la empresa que gestiona el acuario está interesada en continuar al frente del proyecto y ha mantenido conversaciones a este respecto con el Ejecutivo valenciano. Sin embargo, la Generalitat, en pleno Expediente de Regulación de Empleo en la empresa, está haciendo números para, aprovechando el tirón del Oceanogràfic, sacar a licitación también el resto de edificios de ocio, un paquete completo en el que estaría incluido el Museo, l´ Hemisfèric e incluso el Ágora. Las mismas fuentes precisaron que todavía no hay una decisión cerrada.

El Consell firmó en 2002 un contrato de gestión con Parques Reunidos por un periodo de diez año por el que anualmente abona un canon de algo más de 1,5 millones de euros y un 25% sobre los beneficios de explotación. Aunque la dirección del Oceanogràfic corresponde a Parques Reunidos, la empresa pública recibe todos los ingresos por venta de entradas y se hace cargo de la nómina de los empleados, así como de los gastos de mantenimiento. Desde hace tiempo la dirección de Cacsa estudiaba aprovechar el vencimiento del contrato para iniciar un proceso de negociación y revisar el canon que recibe la empresa privada para tratar de mejorar su cuenta de explotación. Con todo, fuentes del Ejecutivo precisaron que sea cual sea la fórmula por la que finalmente se opte, la adjudicación se realizará mediante concurso público, por lo que las empresas interesadas tendrán que competir entre sí. Sin duda, uno de los caramelos de esta licitación es l´ Oceanogràfic, un edificio de ocio que se ha convertido en referencia mundial. El pasado mes de mayo superó la cifra de los 12 millones de visitantes.

La posible privatización de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un proyecto que se inició en la etapa socialista, pero que ha sido un icono de los gobiernos del PP, forma parte de los planes del Ejecutivo de Alberto Fabra de abandonar las política de grandes proyectos e ir reduciendo poco a poco la participación de la Generalitat. La venta de Terra Mítica, la Ciudad de la Luz o el intento de renegociar a la baja el contrato de la Fórmula 1 forma parte de la nueva política impulsada por Fabra y a la que viene obligado dada la situación prácticamente de quiebra de las arcas autonómicas.

Aunque la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha logrado en los últimos ejercicios equilibrar su cuenta de explotación gracias a los ingresos obtenidos por la venta de entradas y el alquiler de espacios, sigue siendo un importante boquete para las cuentas públicas. A finales de 2011, la acumulación de pérdidas forzó a la Generalitat a reducir el capital social de la mercantil en 381 millones de euros, una decisión que supuso la asunción de la pérdida de valor de la mercantil pública para ajustarla a la realidad del negocio. Desde 1992, la Generalitat ha aportado al complejo 1.142 millones de euros. A los bancos adeuda unos 711 millones.

«Los 22 directivos de Cacsa son estómagos agradecidos incapaces de gestionar»

La portavoz de Grandes Eventos del grupo parlamentario socialista en las Corts, Eva Martínez, aseguró ayer que «los 22 directivos» de Cacsa, «puestos a dedo, 22 estómagos agradecidos del PP», son «incapaces de gestionar una empresa pero no de despilfarrar el dinero de todos los valencianos». «Mientras los valencianos nos hemos gastado nueve millones de euros en pagar, anualmente, las nóminas de 325 trabajadores de la empresa pública Cacsa, 22 de sus directivos, un 10 por 100 de la plantilla, han sido incapaces de gestionar esta empresa pública», dijo Martínez. «Lo que está sucediendo en Cacsa es un ejemplo más del modelo del PP», añadió y avisó de que «ante este negro panorama, con 328 trabajadores afectados por un ERE, que amenaza con afectar a la mitad de la plantilla, nos encontramos con la incapacidad del Consell que sigue sin gobernar». Para la parlamentaria, es «inaudito» que el Consell y Parques Reunidos estén conversando sobre la privatización de la gestión». Martínez instó a la consellera

de Turismo, Lola Johnson, a que comparezca en las Corts para que informe sobre este proceso.