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La encrucijada autonómica

Los expertos ven los intereses del «sector privado» y del «conservadurismo español» detrás del «ambiente de involución» del autogobierno - Unos analistas defienden reforzar el Estado y otros piden un Estado de las autonomías a dos velocidades

 01:28  

PACO CERDÀ /VALENCIA El Estado de las autonomías, que impuso la paz social entre regiones y nacionalidades tras el unitarismo franquista, ha sido puesto en jaque desde algunos foros políticos y sociales. Cuatro preguntas a un analista financiero, un constitucionalista, un economista, un historiador, un sociólogo y un experto en el análisis de identidades nacionales —todos ellos valencianos— reflejan la trastienda del debate.


El exrector de la Universitat de València Pedro Ruiz, catedrático de Historia Contemporánea de la misma universidad, considera que «algunos sectores, sobre todo de la derecha más rancia, aprovechan la crisis para cargar contra el Estado de las autonomías. Parece como si quisieran volver a una centralización que, durante siglos, sirvió al interés de unos pocos y tuvo efectos muy negativos sobre las economías de la mayor parte de España», asegura Ruiz.
También se muestra preocupado por la hostilidad antiautonómica el analista financiero Rafa Beneyto, miembro de la comisión de expertos de la Generalitat Valenciana sobre financiación autonómica y autor del estudio El finançament dels valencians: una insuficiència històrica. Según Beneyto, «la existencia de déficit en las comunidades autónomas, su elevado endeudamiento y cierto descontrol en los gastos está ayudando a alimentar un ambiente de involución autonómica. Falta mucho rigor en los análisis que se efectúan, ya que las comunidades son las responsables de prestar los servicios de sanidad, educación y protección social, que consumen el 80 % de sus presupuestos, y representan el 35 % del PIB. La prestación de estos servicios por la iniciativa privada puede justificar la ofensiva, y de ahí la asfixia financiera a la que están siendo sometidas autonomías como la valenciana», afirma.
También desde la óptica económica, Manuel Sanchis, profesor titular de Economía Aplicada en la Universitat de Valencia, amplía el foco. A su juicio, en esta ofensiva contra el Estado de las autonomías «tienen intereses la derecha nacionalista, la izquierda jacobina y las empresas que, con razón, se quejan de la fragmentación del mercado y de la duplicación de funciones, con la que perdemos todos. El Estado autonómico —agrega— es un activo para el crecimiento y la cohesión territorial que ha ayudado a resolver el “problema regional”, que junto con la “cuestión de la fuerza armada” y la “cuestión religiosa” era para Pierre Vilar uno de los tres problemas clave del “bienio reformador” de la República».

Sin alarmismos
Menos dramático lo ve Carlos Flores Juberías, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universitat de València desde 1995. Su visión es diferente: «A menos que queramos sembrar el alarmismo, convendría tener presente que nuestro modelo autonómico es muy flexible en su diseño y lo ha sido todavía más en su praxis. Si en los últimos treinta años esa evolución ha ido en la dirección de incrementar las competencias de las autonomías, nadie debería rasgarse las vestiduras por que en estos momentos, y ante una coyuntura tan particular, alguien proponga caminar en la dirección opuesta para recentralizar y reforzar el Estado», afirma.

Por su parte, el valenciano Xavier Coller, catedrático de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y director del grupo de investigación «Democracia y Autonomías: Sociedad y Política», no cree que exista una «ofensiva contra» las autonomías, sino más bien «un intento de racionalización o transformación en el marco de una crisis tremenda en la que se ha visto que hay déficits enormes causados por decisiones políticas a veces irresponsables y poco respetuosas con la idea de eficacia y eficiencia en el gasto público. En ese marco, algunos creen ver en ciertas decisiones del Gobierno un ataque a las autonomías. Supongo que es una cuestión de percepciones», zanja.

Sí es cuestión de percepciones, así lo percibe Rafael Castelló, profesor de Sociología en la Universitat de València y experto en el análisis de identidades nacionales. Él remarca que «el conservadurismo español nunca ha aceptado de buen grado la estructura territorial establecida por la Constitución. Y ahora, con un control casi absoluto de las instituciones del Estado y un contexto de crisis social y económica terrible, aprovecha la ocasión para aplicar su programa ideológico. El interés no es otro que el control de todos los recursos —materiales y simbólicos— del territorio español, y la negación de la pluralidad, la participación y la democracia», lamenta.


Para el constitucionalista Carlos Flores Juberías, el modelo autonómico ha sido responsable de la crisis «en muy buena medida y, según parece, lo es más todavía a ojos de la opinión pública. Despilfarrar lo han hecho todos, es cierto. Pero mientras el Estado central y los ayuntamientos son instancias de gobierno absolutamente necesarias y anteriores a la propia Constitución, las comunidades autónomas son de nueva creación y, además, se lanzaron a crear instituciones, a asumir competencias y a poner en marcha políticas que quizás no era necesario duplicar».

En opinión del sociólogo Xavier Coller, el modelo autonómico «es sólo una de las partes que lleva el peso de la responsabilidad, pero no la única, ni mucho menos. Sí es verdad que desde las autonomías se han cometido desaguisados como los de las cajas, donde se colocó a personas poco competentes pero dóciles en su dirección y gestión. Asimismo, se han hecho algunos gastos poco respetuosos con el dinero público y las necesidades de la población, pero también la crisis es el resultado del agotamiento del modelo del ladrillo y de las decisiones de otras administraciones públicas como los ayuntamientos».

A esta cuota de responsabilidad Rafa Beneyto le pone cifras: «Durante los años de crisis (2008-2011), el déficit acumulado de las comunidades autónomas ha alcanzado el 28 % del total de las Administraciones públicas, mientras que la Administración central ha generado el 70 %. Respecto del endeudamiento, las autonomías representan el 19 % del total de las Administraciones públicas, y la Administración central el 76 %. Después de 30 años de existencia del modelo autonómico no se puede cuestionar el avance del Estado de bienestar en los servicios prestados por las comunidades».

El sociólogo Rafael Castelló redirecciona el foco y apunta en otro sentido: «La actual situación viene provocada por un sistema de financiación totalmente injusto, que sufrimos los valencianos desde que formamos parte de España, y que ha consistido en un flujo constante de recursos económicos hacia el Estado central. Si a eso le añadimos el comportamiento irresponsable y, muy a menudo, delictivo de los gobernantes valencianos y sus financieros, el vaso acaba de colmarse».


Líderes irresponsables
A la demonización autonómica también se niega el exrector Pedro Ruiz. «El Estado de las autonomías —sostiene— no es el causante de la crisis. El endeudamiento autonómico es una consecuencia, por un lado, de la caída de los ingresos debido a una crisis a escala mundial y del final de una situación insostenible y excepcional como la provocada por la burbuja inmobiliaria en el caso español y, por otro, del incremento del gasto en servicios básicos transferidos a las comunidades, como la asistencia sanitaria y la educación». Ruiz también incide en que a ese endeudamiento ha contribuido, además, «la mala gestión y la irresponsabilidad de unos gobernantes presuntuosos, que han antepuesto el éxito personal y la rentabilidad electoral a la garantía del bienestar a largo plazo de los ciudadanos».

El profesor Manuel Sanchis es rotundo al aseverar que, «aunque hay una clara irresponsabilidad en el gasto autonómico, es de una gran doblez que el Estado central centrifugue al Estado periférico el gasto público más deficitario, (educación y sanidad) para luego quejarse del descontrol o de que reclaman mayor autonomía fiscal».

Y ahora, ¿cómo hay que reaccionar, qué cambios han de abordarse? El profesor de Derecho y politólogo Carlos Flores Juberías señala que «a estas alturas hay que descartar por completo la supresión del sistema autonómico, que a día de hoy se halla más que arraigado en nuestra cultura política y que sólo una minoría discute. Con más rotundidad todavía considero irrealizable la conversión del derecho a la autonomía en un privilegio para tres o cuatro comunidades. En cambio, sí me parece impostergable una redistribución de las competencias y una racionalización de las estructuras institucionales existentes».

Choca con esta idea la postura ultraautonomista de Rafa Beneyto. «Las comunidades —razona— son la consecuencia de una determinada organización del Estado implantada ya hace más de 30 años. Se ha avanzado bastante en la descentralización del gasto, pero muy poco en la cesión de responsabilidad respecto de los ingresos. Es posible que muchas comunidades no tengan voluntad de mantener muchas competencias ni de asumir las responsabilidades de gestión de los impuestos, por lo que puede haber llegado el momento de plantearse una segunda transición que facilite diferentes opciones a las comunidades». Una especie de Estado de las autonomías a dos velocidades.


Quitar las diputaciones
También propone un paso adelante el exrector Pedro Ruiz, quien apuesta por «avanzar en una descentralización que defina mejor las competencias políticas y fiscales de los tres niveles de gobierno y Administración pública, evite duplicidades, suprima lo innecesario, como las diputaciones provinciales, y clarifique la atribución y la exigencia de responsabilidades en cada uno de esos niveles». Por ejemplo, «convertir el Senado en una verdadera Cámara de las Autonomías». El razonamiento lo comparte Rafael Castelló, para quien «en lugar de limitar las autonomías, haría falta deshacerse de las diputaciones, que son una estructura territorial obsoleta, propia de un Estado centralista y autoritario, que favorece el clientelismo y da poder caciquil a los cuadros intermedios de los partidos, para mantener su control».

Más allá de planteamientos concretos, a Xavier Coller le parece perentorio «un rearme moral y ético por parte de nuestros políticos, y especialmente de los responsables de los partidos, para recentrar la idea de que a los servidores públicos se les exija racionalidad en las decisiones de gasto, transparencia y control».

Manuel Sanchis sugiere otro cambio: «Controlar los gastos, pero también los ingresos. En nuestro modelo se gasta sin control, pero ni se quieren subir los impuestos autonómicos, ni se quiere descentralizar la recaudación de impuestos estatales. Estas dos armas fiscales se han de volver a regular. De lo contrario —augura—, condenaremos a las comunidades a quebrar o a endeudarse».

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