El Consell que preside Alberto Fabra ha decidido «plantarse» ante la presión de los operadores privados con los que se ha negociado la implantación de la colaboración público-privada en toda la gestión sanitaria. Las empresas exigen que se les ceda también la gestión del personal para optar a un modelo que el Consell es consciente no podrá aplicarse como había sido concebido inicialmente, pero que intenta salvar de alguna manera.
El control de la «bata blanca» es el escollo principal para un acuerdo que, de llevarse a cabo, hubiera supuesto poner en manos privadas la gestión de toda la sanidad, a excepción de la asistencia médica. Una fórmula acordada in extremis por el Ejecutivo ante los graves problemas financieros de la Generalitat y la necesidad de meter en cintura unas cuentas públicas que, para evitar la intervención del Estado, deben cerrarse este año con un déficit no superior al 1,5% del PIB regional.
El Ejecutivo valenciano se comprometió con el Gobierno central en ingresar este mismo año 360 millones de euros en concepto del canon que tenía ideado cobrar a las empresas que se repartieran la «tarta» de la sanidad. Sin embargo, tal como informó este diario el pasado domingo, el modelo está al borde del fracaso porque las empresas no ven claro el negocio si la Generalitat no cede y les deja gestionar también el personal sanitario, es decir, los médicos y enfermeros bajo dependencia del Agencia Valenciana de Salud. Sin embargo, el Consell se comprometió en su momento en mantener al personal bajo su gestión y esta, según fuentes de la Generalitat, es una «línea roja» que el presidente Alberto Fabra no está dispuesto a cruzar. Ahora bien, el Consell no descarta hacer alguna que otra concesión respecto al canon (la rebaja del mismo o el pago aplazado) e incluso respecto a la fórmula de la oferta con tal de poder salvar los muebles y conseguir los ansiados ingresos. Ya en su momento, cuando el Consell anunció su intención de extender la privatización a toda la gestión sanitaria se especificó que se podía ofertar áreas por separado o en paquete. Otra opción es optar por concesiones administrativas unificadas tanto de servicios no asistenciales como sanitarios.
Lo que ha quedado claro en las conversaciones es que los agentes privados no están dispuestos a tirarse a la piscina si no tienen garantizado de una manera u otra la rentabilidad del negocio. De hecho, otro de los problemas es que todas las empresas se fijan en aquellos centros sanitarios en los que creen habrá más margen de negocio y desechan otros, con menos posibilidades para hacer caja, por su volumen de pacientes. De ahí que el Consell está estudiando la opción de unificar lotes para compensar los centros más rentables con otros menos apetitosos. Las fuentes consultadas añadieron que la mayoría de los operadores se han interesado en la gestión de los servicios del hospital La Fe. Hospitales que atienden a una población más dispersa como el de Requena o Vinaròs no despiertan interés.
Los operadores no esconden sus preferencias por el conocido como modelo Alzira. Sin embargo, la gestión privada en hospitales públicos» como La Ribera o Manises incluye el control de la «bata blanca».El Consell tomará una decisión a la vuelta de las vacaciones.
El PSPV denuncia las «vergüenzas sanitarias» del PP
El portavoz de Sanidad del grupo socialista en las Corts, Ignacio Subías, indicó ayer que el hospital de Llíria, que ha sido tapiado a falta de finalizarse su construcción, entra a formar parte de «uno de los mayores incumplimientos y de las mayores vergüenzas sanitarias» del PP en la Comunitat Valenciana. Subías recordó que este centro sanitario debería estar abierto desde 2010 y que es vital para un zona con más de 320.000 habitantes, que ahora sólo cuenta con el hospital Arnau de Vilanova. El diputado socialista se preguntó también sobre el futuro del hospital de Llíria si finalmente fracasa el modelo privatizador del Consell, al que el PSPV se opone frontalmente. Subías recordó que, según el nuevo modelo, este hospital como el de Gandia (también tapiado) deberían ser finalizados por las empresas adjudicatarias de esas zonas.
El socialista denunció lo que considera una «ocurrencia» de la Generalitat y recordó que en numerosas ocasiones en las Corts su grupo ha advertido a la Conselleria de Sanidad que el nuevo modelo es «inviable». El socialista se refirió también a las pegas que los servicios jurídicos han puesto sobre el modelo de colaboración público-privada y avisó de que si el Consell acaba cediendo ante los operadores privados con la cesión de personal se abriría una etapa de reducción de plantilla. Subías mantuvo que la Generalitat actuó «de manera precipitada» y sobrepasada por la situación económica y, sin base ninguna, dio por sentado que recibiría 360 millones de euros este año en concepto de canon y que lograría ahorros de entre el 10 y el 15% en el gasto sanitario. Ambas previsiones sustentan el plan de reequilibrio presentado ante Madrid. La estructura del plan «tiene pies de barro», concluyó el responsable de Sanidad del PSPV.
